Amparándose en la Ley de Memoria Histórica el alcalde del PSOE con sus socios de Podemos e Izquierda Unida, el día 29 de Enero, con nocturnidad y con la protección de Policía Municipal y Guardia Civil, en Callosa de Segura retiraban con funcionarios municipales la Cruz “Franquista” según unos medios de comunicación y “Fascista” según otros, que se encontraba en una placeta propiedad de la Iglesia, que no del ayuntamiento.
En esa localidad, que durante los años de la Guerra Civil tenía una población de poco menos de nueve mil habitantes, como en muchas otras de España se vivió un clima de terror impuesto por la junta revolucionaria local. Todos los edificios religiosos fueron quemados y las obras de arte religiosas destruidas, además del asesinato de los dos sacerdotes que ejercían su ministerio en la localidad y 62 vecinos más, que no habían participado en ninguna guerra. Fue una limpieza social al más puro estilo estalinista, como lo demuestra el hecho de que hubo una partida de milicianos que se dedicaba a buscar a “derechistas y católicos” fugados a otras localidades para asesinarlos.
No es Callosa el tema principal del artículo, pero si la base sobre la que vamos a analizar las pretensiones del PSOE con la nueva propuesta de modificación de la Ley de Memoria Histórica, que próximamente se debatirá en el Congreso. Por ello pasemos primero a analizar los hechos de Callosa.
Una Cruz no es ni Franquista ni Fascista. Una Cruz siempre es cristiana y concretamente al dedicarla a unas víctimas, simplemente pretende honrar su recuerdo e invitar a la oración por ellas. Una cruz en definitiva es el símbolo del amor, de la paz y del perdón, en ningún caso incita al odio del que la propia cruz es objeto por parte de la corporación municipal. No obstante, en Callosa, en cumplimiento de la sectaria Ley de Memoria Histórica de Zapatero ya hace tiempo que se retiraron de la Cruz los símbolos Franquistas y hasta la placa de las 64 víctimas del terror en dicha ciudad, que los Frente Populistas desataron por toda España al estallar la Guerra Civil, principalmente contra religiosos y fieles de la iglesia.
Con la noticia de la retirada de la Cruz de Callosa, todos los medios de comunicación nos han manipulando y nos han mentido. Casi todos la adjetivan de Franquista y Fascista, para justificar que la infame acción se encuentra contemplada en la Ley de Memoria Histórica, por lo que es legal retirarla y omiten vergonzosamente, el que se trata de una cruz pelada a la que ya se la desvistió de los nombres de las víctimas a las que merecidamente honraba, y omitiendo también el hecho de que la Cruz no es municipal, es propiedad de la Iglesia Católica, por lo que la maléfica Ley no la alcanza.
La Cruz era objeto de controversia porque la Alcaldía ya había intentado quitarla en anteriores ocasiones y no lo habían logrado por la oposición multitudinaria de muchos vecinos. Pero esta vez el alcalde tenía mucha prisa en perpetrar su fechoría, ¿por qué? Simplemente porque era conocedor de los recursos interpuestos por la organización en defensa de la Cruz, conociendo perfectamente las notificaciones judiciales de dichos recursos y de que ese mismo día iba a recibir notificación judicial de paralización de la retirada de la Cruz por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, como así ocurrió. Siempre los habrá que piensen que es una simple casualidad, yo no.
¿Y ahora qué? Bajo mi punto de vista, no se puede dejar como hecho consumado y hay que librar la batalla judicial. En primer lugar hay que darla porque los abusos de la corporación municipal son manifiestos:
- Han vulnerado su propia Ley de Memoria Histórica, porque como hemos dicho, la cruz no tiene ninguna referencia ‘franquista’
- Han 'amputado' una parte de un conjunto histórico-artístico.
- Han actuado en una plaza propiedad de la Iglesia Católica.
- Podría considerarse como un ataque al derecho fundamental de Libertad Religiosa.
- Y finalmente, lo han hecho con nocturnidad y alevosía, a las 4 de la madrugada.
Aunque no nos guste remover las miserias de un pasado que tuvieron que superar ambas partes para alcanzar nuestra transición democrática, aunque pensemos que hay que dedicarse a los problemas actuales y dejar dormir una Guerra Civil que trajo tanto dolor a todos españoles, la razón principal por la que hay que dar la batalla judicial es porque pronto nos vamos a enfrentar a la segunda versión de la Ley de Memoria Histórica de la mano de Pedro Sánchez y con el beneplácito de toda la oposición incluido Ciudadanos.
El proyecto de modificación de la Ley de Memoria Histórica que Pedro Sánchez presentó el pasado 4 de Diciembre en el cementerio de la ciudad de Paterna (Valencia), frente al paredón donde se fusilaba a los frente populistas valencianos condenados en juicio por los crímenes cometidos en pueblos y ciudades durante la Guerra Civil, es la culminación a un trabajo espectacular de ingeniería social llevado a cabo por políticos, historiadores (sectarios) y organizaciones de izquierda, apoyados por determinados medios de comunicación que aprovechando el complejo de las derechas a ser tildadas de Franquistas, han mantenido la llama de la Guerra Civil en la sociedad, para cambiar la historia y borrar cualquier rastro que pueda ir contra la historia oficial que están inventando. El proyecto se registró en el Congreso de los Diputados y deberá votarse en la cámara en el primer trimestre de este 2018.
Como todos conocen en Castellón hay una Cruz en las mismas condiciones que la de Callosa que también pretende quitar la corporación municipal, pero en Villarreal, Nules, Villavieja y por todos los pueblos de la provincia existen en las fachadas de las iglesias placas con los nombres de todos los vecinos asesinados en el pueblo por el terror rojo, con una cantidad que supera los 4000 crímenes en la Provincia de Castellón, (recomiendo el libro “Tiempos Amargos” del colaborador de esta WEB Germán Reguillo, sobre la Guerra Civil en nuestra provincia), cifra muy parecida por otro lado a la que con nombres y apellidos da como fusilados por la Causa General en la Comunidad Valenciana, Vicent Gabarda en su libro “Els afusillaments al Pais Valenciá. Es decir que solo en la Provincia de Castellón hubo tantos asesinados por milicianos socialistas y comunistas como ajusticiados por cometerlos en toda la Comunidad Valenciana. (La imagen que acompaña al artículo es un folio de la Causa general en donde se aprecia en la columna de la izquierda algunas de las víctimas de Callosa y a la derecha el listado de la cuadrilla de milicianos que los asesinaron).
¿Cómo van a poner placas de las víctimas del Franquismo sino se borra primero cualquier huella de los crímenes que muchas de ellas cometieron?.
Por ello, para poder borrar definitivamente los crímenes cometidos principalmente por el partido socialista durante la Guerra Civil y poder honrar a sus verdugos con monolitos y placas, en la nueva ley de Memoria Histórica se contempla la creación de una “COMISIÓN POLÍTICA DE LA VERDAD”, que establezca los crímenes de lesa humanidad y de guerra que se realizaron desde el levantamiento en 1936 hasta la aprobación de la Constitución en 1978, pero con el claro propósito de borrar unos crímenes para limpiar de la historia de España la sucia, sangrienta y criminal actuación de los miembros del PSOE durante la Guerra Civil. Por supuesto, sus conclusiones serán de carácter vinculante para los poderes públicos y nadie las podrá discutir, bajo pena de fuertes multas e incluso prisión. Se acabaron las polémicas judiciales a quitar las cruces y placas que deseen, lo que señale la comisión no se podrá recurrir.
La anterior medida se acompaña de la anulación de todos los juicios de la Causa General, así los fusilados por cometer asesinatos durante la Guerra Civil, pasan directamente a la categoría de victimas.
Otra lindeza del Proyecto es el adoctrinamiento en los colegios. Se obligará al Ministerio de Educación a incluir en los programas educativos “la enseñanza de la historia democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas”. Igualmente se formará a los profesores con los nuevos datos obtenidos de la investigación sobre la memoria democrática y la promoción de investigaciones sobre la represión franquista. Veremos si conociendo su talante, esto no va a ser un adoctrinamiento, donde desde bien pequeños y durante todo el recorrido escolar se les cuente a los alumnos que en este país hubo una extrema derecha muy mala que nos llevó a la guerra y una izquierda muy buena y democrática a la que un dictador ultraderechista persiguió y masacró en un genocidio sin precedentes.
Por supuesto que también hay que atar muy cortos a los medios de comunicación y así el artículo 35 dice: “A través de los medios de comunicación públicos, se promocionará el conocimiento de la memoria democrática española mediante programas específicos de divulgación y mediante la cobertura informativa de actividades relacionadas con la materia. La divulgación dará difusión al relato de las víctimas. Asimismo, se elaborará “UN MANUAL DE ESTILO” para el adecuado tratamiento de la información en materia de memoria histórica”. Y los medios privados tampoco escaparan al control del estado ya que con quitarles la publicidad institucional y las amenazas con sanciones si se desvían de la verdad oficial, es suficiente.
Efectivamente, para coronar el atentado a la Libertad de Prensa y a la Libertad de expresión, el proyecto prevé una serie de sanciones que perpetúen “su verdad”, eliminando cualquier discrepancia a la misma. Este artículo, entrada la nueva ley puede ser motivo de sanción económica y espero que no de cárcel para su autor.
De 2.000 a 10.000 euros de multa para quienes se nieguen a cumplir una resolución sobre la retirada de un símbolo por considerarse franquista. Entrada la ley, ojo con los que intenten oponerse a la retirada de la Cruz del Ribalta.
De 200 a 2.000 euros de multa para los que exhiban públicamente elementos contrarios a la Memoria Histórica. La bandera no constitucional del águila pasará a ser ilegal, mientras que la republicana no.
De uno a cuatro años de prisión para los que públicamente “fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contras las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo por su condición”.
También para quienes distribuyan o vendan escritos con la misma condición del apartado anterior.
Penas de seis meses a dos años cárcel para quienes enaltezcan o justifiquen el franquismo.
En todos los casos, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio educativo por un tiempo superior entre tres y diez años de la pena por privación de libertad que se le imponga por el delito relacionado con faltar a la Memoria Histórica.
Se aprueba la destrucción, borrado o inutilización de los libros, archivos, etc. que den soporte a los delitos de los apartados anteriores. Hasta ahora solo el Nacismo y la Inquisición quemaban libros
Para los funcionarios públicos que por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado voten en contra de medidas que supongan la aplicación de la memoria democrática, resultando en el bloqueo e incumplimiento de las mismas, será castigado con entre un año y medio a cuatro años de prisión e inhabilitación especial de empleo o cargo.
Con todo lo dicho habrán conseguido formatear los hechos de una desgraciada Guerra Civil para construir otra verdad, violando por el camino entre otras, libertades de expresión, libertades de información y libertades de enseñanza.
Víctor Pascual Viciedo Colonques es Presidente de la Associació de Llauradors Independents Valencians (ALIV)
