Tal vez no sea yo el más adecuado para hablar de temas legales a los que no soy muy aficionado y por lo tanto carezco del conocimiento necesario, por ello intentaré evitar detalles técnicos. Tampoco soy de los que repite la obvia frase de que “hay que acatar las decisiones judiciales”, porque ya se encargan de ello las fuerzas del orden, o lo de respetarlas, como no, si el respeto es la base de la convivencia y en pro de ella respetamos a gentes mucho menos respetables que los jueces. Tampoco considero que una sentencia judicial sea palabra de Dios y que no se pueda criticar, al fin y al cabo los jueces son humanos y por ello pueden equivocarse o sus decisiones estar influidas por ideologías o por el ambiente externo. Y por último, soy de los que cree que hemos construido una legislación muy laxa con la delincuencia y de que la cárcel más que para rehabilitar debe ser para que el delincuente reciba el castigo merecido al daño ocasionado. Dicho esto, no creo que sea muy democrático ni muy sano para el estado de derecho, acudir a manifestaciones contra las sentencias judiciales, rodear las audiencias, increpar a los jueces o recoger firmas para que los inhabiliten por sus decisiones, intimidando y presionando a los magistrados para que dicten sentencias acordes con un sentimiento social, la mayor de las veces, generado por lo juzgado y sentenciado en los medios de comunicación.
En el caso de “la manada”, el veredicto popular trata de imponer su criterio a unos jueces que han construido un sumario de centenares de folios durante un año y medio de instrucción y que con todas las garantías procesales han valorado las pruebas periciales, han visionado los videos, han escuchado a las partes y los interrogatorios pertinentes de fiscales y abogados y en donde acorde con las leyes y la jurisprudencia existente han decidido que se trata de “un abuso sexual con acceso carnal continuado, no apreciando la violencia necesaria para considerarlo violación”, imponiendo una pena de nueve años de prisión.
Yo no creo que los tres jueces sean machistas, ni siquiera el del voto particular. El problema es que los jueces tienen que basar su sentencia en hechos probados, no en sentimientos ni en suposiciones. A todos nos parece aberrante lo que hicieron “la Manada” y todos suponemos lo que hicieron y como lo hicieron, pero la violencia debe ser probada y me da, que por la existencia del voto particular, que ni siquiera los videos lo prueban y sin embargo la sentencia es condenatoria por lo que de alguna forma al menos dos de los jueces creen la versión de la víctima.
Todo el mundo se ha convertido en juez “¡No fue abuso, fue violación!” ¿Cuántos de los manifestantes o de los tertulianos están licenciados en derecho, han ganado una oposición a juez, conocen nuestra legislación y la experiencia para interpretarla? ¿O es que el titulo de juez ahora lo dan la sexta y la cuatro en sus tertulias? Los mismos que ante un asesinato de una joven tras una violación nos dicen que no hay que legislar en caliente y que hay que abolir la prisión permanente revisable, son los que ahora tomando el feminismo como bandera, consideran sin conocer todos los detalles del sumario, que se trata de una violación y que nueve años de condena son pocos, por cierto ese mismo feminismo que no se inmuta en absoluto por la paliza en Alsasua a dos mujeres que estaban con sus parejas guardias civiles. Yo, como ellos, ignoro si nueve años son pocos o muchos, lo que sí sé es que en un estado de derecho como el nuestro dentro de las garantías del proceso existen los recursos y también sé que los jueces aplican la legislación existente, legislación que es debatida y aprobada por el legislativo, que a su vez votamos en las elecciones, por lo que nos guste o no es nuestra legislación. La actual se aprobó con Felipe González como presidente del gobierno tipificando tres tipos de delitos sexuales “acoso, abuso y agresión sexual”, si los límites entre estos tres delitos no están bien marcados, pueden ser revisados y adaptados al sentir de la gente. Sentir que no es el de quien más grita y se indigna en las calles, sino el que sale de unas elecciones en donde podemos plasmar nuestra opinión votando al programa que más coincida con ella.
Pero lo más grave del caso no es la interpretación de unos jueces como “abuso” en lugar de “violación”, ni si son muchos o pocos nueve años de condena, ya que para eso están los recursos. Lo más grave es ese sentimiento populista de dictar sentencias a base de una indignación fabricada en los medios, son esos juicios paralelos de las tertulias políticas, es esa presión a la que se somete a los jueces con esas alarmas sociales artificiales, es esa intimidación directa a los jueces, no como colectivo sino con nombre y apellido que es peor, buscando inclinar la balanza de la justicia del lado deseado por ciertos colectivos, como en este caso los movimientos feministas, que no son como muchos creen la oposición al machismo, sino la otra cara de esa absurda lucha de género.
Aunque en no pocas ocasiones la justicia nos decepcione por su manera de interpretar la ley, o por su manera de obviarla, es uno de los pilares de nuestro estado de derecho. Si queremos una democracia de verdad, la independencia judicial no solo hay que blindarla del poder político, sino también del poder mediático y de otros grupos de presión populistas, legislando al respecto, porque caso contrario corremos el riesgo de destruir nuestro estado derecho y de caer en unos sistemas donde la libertad está encarcelada y la justicia es de quien gobierna.
Víctor Pascual Viciedo Colonques es Presidente de la Associació de Llauradors Independents Valencians (ALIV)
