Misa en Madrid

El lunes, por iniciativa de la Conferencia Episcopal Española, se celebró una Misa funeral en La Almudena por las víctimas del coronavirus. Más de 40.000 muertos por la epidemia lo merecían. Asistieron los Reyes y, en representación del Gobierno, la vicepresidenta Carmen Calvo. No asistió Pedro Sánchez, probablemente porque no quería escuchar  insultos y gritos contra él y su Gobierno, que los hubo en la calle. Tampoco asistió Pablo Iglesias, vicepresidente que “asumió” con gran solemnidad la gestión de las residencias a nivel estatal al comienzo de la pandemia, para luego no mover ni un dedo y trasladar a las comunidades autónomas toda la gestión y responsabilidad: tal vez Iglesias está exhausto por tamaña responsabilidad, o simplemente que le preocupa más la polémica por la tarjeta de su exasesora Dina. Tampoco estaba Salvador Illa, ministro de Sanidad, responsable titular de la crisis sanitaria. Sí asistieron familias de fallecidos y una nutrida representación de otras instituciones. Pero el Gobierno, temeroso y asustado, decidió una representación simbólica con la vicepresidenta Calvo.

Para colmo de despropósitos, TVE no retransmitió la Misa. Su progresiva disminución de audiencia ya tiene un motivo más de desapego en los españoles. Rosa-María Mateo se equivocó, o simplemente actuó con dictados procedentes de Moncloa, pero ambas hipótesis aumentan su falta de profesionalidad, en medio de un cúmulo de ceses y dimisiones que jalonan estos días el deterioro interno en TVE. Puertas adentro y puerta afuera, TVE da pena, porque da muestras de no ser un servicio público sino un servicio partidista y sectario, que abonan la postura de quienes preferirían que no hubiera una televisión estatal porque ha enterrado la independencia. Por desgracia, no me extrañó la decisión de Rosa-María Mateo, sino que me dolió e indignó, como pienso que a la mayoría de los españoles.

Los asesores de Pedro Sánchez le habrán aconsejado que no asista a esa Misa, o simplemente le habrán confirmado sus miedos a dar la cara. La política de “fotos” está en decadencia, pese a que los gobernantes se empeñen, puesto que la sociedad quiere que pisen el terreno de la realidad, que no se escondan, que estén cerca de las víctimas y acompañen a las familias en su dolor. Por encima de la “foto”, un gobernante –pienso que va incluido en su sueldo, en su cargo– debe tener conciencia de su deber, aunque escuche lo que no le gustaría.