PP y Vox presentaron la Proposición de Ley de Libertad Educativa el pasado 21 de marzo, para sustituir a la polémica y protestada Ley de Plurilingüismo del tripartito de izquierdas, que provocó innumerables críticas y manifestaciones de APAs, centros, familias, asociaciones, porque era una imposición del valenciano en toda regla.
Siguiendo el refrán de que “lo mejor es enemigo de lo bueno”, desde luego todo avance en la libertad es motivo de celebración. Además, a veces es bueno recordar que en la Comunidad Valenciana son lenguas oficiales el castellano y el valenciano, como se afirma en el Estatuto de Autonomía, y cuanto garantice ese derecho es motivo de satisfacción legal, educativa y social.
Lo que sucede es que hay sectores que quieren una imposición práctica del valenciano, y lógicamente se han posicionado en contra de esta nueva Ley. Es el caso del sindicato STEPV, que la rechaza y hasta ha anunciado movilizaciones. Por el motivo contrario –no garantizar la enseñanza en castellano-, la asociación ‘Hablamos Español’ la ha criticado, apelando a las promesas electorales de PP y Vox: Gloria Lago, su presidenta, ha afirmado que PP y Vox han “estafado a sus votantes”.
Para el conseller de Educación, José Antonio Rovira, la futura ley “armoniza aprendizaje y libertad”. ¿Quiénes han aplaudido esta ley? Hay que tener en cuenta a COVAPA, Confederación Valenciana de APAs de centros públicos, presidida por Sonia Terrero, que representa a más de 250.000 familias, y que ha aplaudido el proyecto, afirmando que las familias podrán elegir y que se acaba con la imposición idiomática, que es lo que han venido reclamando estos años. COVAPA ha sido muy reivindicativa, y ahora se muestra satisfecha: es muy significativo este apoyo.
También CONCAPA –APAs de centros privados– ha celebrado esta nueva ley, afirmando que “pone fin a la imposición y al chantaje lingüístico”.
Hay que reconocer que, entre porcentajes y ciertos términos legales, resulta a veces complejo comprender el alcance y la aplicación de la nueva ley. En la tramitación de esta Ley esperemos que se mejoren algunos aspectos. En un estudio muy exhaustivo y profundo, difundido con fecha 8 de abril, la asociación alicantina ‘Idiomas y Educación” ha criticado el proyecto de ley, apelando a la realidad de los consejos escolares, y subrayando que las familias no elegirán: hay que abrir un debate. Todo lo que se pueda mejorar AHORA la libertad educativa real tiene mucha importancia.
Javier Arnal Agustí es Licenciado en Derecho y periodista.
Escribe, también, en su web personal.