Lágrimas de una menor tutelada

Las 39 páginas de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que condena al exmarido de Mónica Oltra a cinco años de prisión, de fecha 16 de septiembre, por abusos sexuales a una menor tutelada, dejan hundida a Mónica Oltra.

El condenado es L.E.R.I., que siendo marido de Oltra abusó sexualmente de M, una niña de 14 años, trabajando como educador en el Centro de Acogida Niño Jesús de Valencia, dependiente de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, cuya consellera es Mónica Oltra. Además de consellera, Oltra es vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y portavoz.

Este proceso judicial requiere rigor en el análisis y, consecuentemente, exigir responsabilidades. No debe quedarse en un mero rifirrafe político, en el que los partidos de izquierdas callan para no dañar a la líder de Compromís y los de derechas tímidamente hablan de encubrimiento por parte de Oltra. Tampoco aliento a que los partidos políticos en la oposición valenciana acudan a Les Corts con camisetas alusivas, acción a la que tan aficionada era Mónica Oltra cuando formaba parte de la oposición.

Reclamo rigor y contundencia, porque si somos superficiales podemos asistir a repeticiones de lo que no dudo en calificar como algo repugnante, vomitivo y que revuelve las entrañas. La protección de los menores, y más los tutelados por un gobierno autonómico, exige un mínimo de eficacia y dignidad.

Tras cuatro instancias judiciales –Juzgado de Instrucción número 12 de Valencia, Audiencia Provincial en dos ocasiones, y ahora el Tribunal Superior valenciano-, quedan demostrados unos hechos que causan honda preocupación ciudadana, dolor por la pasividad de la Consellería y por el sufrimiento que se le ha ocasionado a esa niña.

Los abusos sexuales se producen en 2016 y 2017. El novio de M y una amiga le convencen para que los denuncie. La víctima tiene miedo de que no le crean y no hagan nada, o incluso sufra represalias, y se decide a denunciarlos en el Centro de Día “El Faro” –con el que tiene una relación ocasional– en febrero de 2017. Pronto le llega una seria advertencia, pues le dijeron que “el acusado tenía relación con una persona muy influyente, lo que le podría traer problemas”. Habla con la directora del Centro y con una psicóloga de la Consellería. Tras todas esas denuncias, archivan el expediente. He aquí el núcleo de la cuestión.

Quiso la suerte para M. que, en junio de 2017, dos policías se presentaron en el Centro para trasladar a un menor. Y aprovechó para contarles los abusos sexuales. Estos dos policías, a diferencia de todos los empleados de centros dependientes o vinculados con la Generalitat que le habían escuchado, hicieron lo que debían: informaron a la Fiscalía de Menores, que el 3 de julio incoó ya la investigación. El TSJCV afirma que la intervención de los policías  “realmente es la que motiva que por fin se investiguen los hechos”.

Primera pregunta a Oltra: ¿por qué no dice qué medidas o sanciones ha adoptado con los trabajadores que no dieron crédito a las palabras de una adolescente de 14 años, o exigido al Centro dependiente de la Generalitat? Cometieron una gran omisión de su deber profesional.

Segunda pregunta a Oltra: ¿recibieron instrucciones esos trabajadores de alguien? En caso afirmativo, ¿de quién?

Tercera pregunta a Oltra: ¿cuándo tuvo ella conocimiento de estos hechos y qué hizo?

El TSJCV afirma: “Frente a esa hostilidad y absoluta falta de empatía hacia la víctima que se trasluce en los informes aportados y que se elaboran por quienes, paradójicamente, estaban llamados a protegerla, llama la atención cómo se ocultan…”. Quienes debían haberla defendido la abandonaron y han intentado desacreditar su credibilidad y la realidad de los hechos condenados.

En su sentencia, el TSJCV recoge el insólito hecho de que, cuando la menor acudió a declarar en el juicio, el encargado de su custodia la llevó esposada, y ni siquiera la presidenta del tribunal logró que le quitara los grilletes, porque acudía en calidad de víctima ¡no de acusada! Entre sollozos, la menor aguardó en una sala aislada. El tribunal se extiende y valora estos hechos como lo que son: un abuso, intento de victimización y coacción.

El proceso judicial tiene episodios muy llamativos, que el TSJCV analiza. Por ejemplo, el informe del Instituto Espill, dependiente de la Consellería, que intenta anular la declaración de la menor, cuando ya el proceso estaba avanzado. Alude a una “peculiar instrucción paralela” ante nuevos informes periciales que asombran al TSJCV, a una “eventual responsabilidad de la Generalitat al haberse producido los abusos en un centro dependiente de la Consellería por un educador”, a “un claro sesgo de confirmación en toda la actuación de dicha Consellería”.

También se despacha a gusto el TSJCV porque la defensa de L.E.R.I. alega pasividad, retraso judicial e inadecuada valoración de pruebas, cuando afirma: “Gran parte del retraso es directamente imputable a la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas”. Y señala la diligente actuación de la Fiscalía de Menores y el Juzgado de Instrucción.

Oltra debería dimitir. Si estuviera en Alemania, donde nació y vivió quince años, ya le habrían exigido dimitir. Aquí es impensable, casi, pero tanto maltrato y vileza remueven las entrañas, espero que también de algunos de los profesionales que silenciaron los abusos. M ya ha llorado bastante: tal vez es el turno de otras lágrimas.