Ordenadores en Sanidad

Trescientos cuarenta ordenadores en la Consellería de Sanidad, un gasto de 400.000 euros, que han aparecido misteriosamente, sin que se sepa quién los ha adquirido, sin contrato ni concurso público. Cuarenta de ellos, para técnicos y cargos de la Consellería; 300, para Unidades de Hospitalización a Domicilio. Lógicamente, y tras la denuncia de un “anónimo”, la Consellería ha abierto expediente. Soy firme defensor de la calidad de los servicios públicos, porque los merecemos en una sociedad avanzada y porque los pagamos con nuestros impuestos. Tanto en sanidad como en educación, la calidad ha de defenderse y garantizarse. Por eso mismo, este lamentable gasto en la Consellería me indigna, como a cualquier ciudadano, y esperamos una explicación, sea la que sea y, en su caso, con responsables conocidos y revelados a la opinión pública.

En primer lugar, me llama la atención el coste de los ordenadores. Yo llevo años adquiriendo para mi uso ordenador portátil, y existen en el mercado ordenadores de calidad a precio muy inferior al que han supuesto esos ordenadores: los más baratos en torno a 900 euros, y los más caros 1.500 euros, casualmente para los técnicos y cargos de la propia Consellería, que según parece ya los han devuelto. ¿Por qué nosotros podemos adquirir ordenadores de calidad, en torno a 500 euros, y la Consellería juzga necesarios ordenadores que triplican ese precio? La calidad no está reñida, sino todo lo contrario, con gastos que el sentido común y la experiencia de millones de personas llevan a concluir que se puede trabajar con material más barato. Han de dar ejemplo las administraciones: no requieren más inversión para su trabajo que lo que los particulares destinamos. No pueden tener “barra libre” en la Consellería, en ninguna administración, y ahorrarse gastos que no tienen justificación.

En segundo lugar, revive una convicción arraigada en la sociedad. No nos imaginamos a ninguna empresa privada adquiriendo o “recibiendo” 340 ordenadores, que se reparten entre empleados, sin que conste el contrato de adquisición. Nos viene a la cabeza el desorden o la falta de rigor que, en ocasiones, observamos en servicios públicos. Han de administrar los fondos con más responsabilidad si cabe que si fuera una empresa privada, porque en principio cualquiera podemos gastar lo que tenemos según nos parezca, pero el dinero público es de todos, no de los que trabajan en esos organismos. Si es necesario, también responsabilidad judicial y, por supuesto, económica, ante gastos improcedentes. Resolver este misterio interesa mucho.