El agricultor, DESESPERADO y AMORDAZADO

El sector Primario español ya no gozaba de buena salud; muchos agricultores recuerdan como precios en campo, hoy habituales, ya se alcanzaban en tiempos de Franco. Pero en cambio han visto como se incrementaban año tras año los salarios, los precios de los abonos, de los fitosanitarios, del agua de riego y de los impuestos.

El clima siempre había sido un hándicap para el agricultor, quien, por una helada, por pedrisco o por una lluvia a destiempo, veía como perdía su cosecha, su trabajo y todo lo invertido durante ese año. A este inconveniente se han ido sumando a lo largo del tiempo nuevos problemas a los que el agricultor tradicional ha ido adaptándose para no sucumbir: el gran avance del riego a goteo se tradujo en grandes plantaciones en lugares donde antes era imposible tenerlas, aumentando la producción y bajando los precios; la mecanización del campo y el blanqueo de dinero atrajo al capital de inversión ajeno a la agricultura ya que, con poca mano de obra y un encargado, se podían llevar grandes plantaciones, provocando una sobreproducción que se traducía de nuevo en bajada de precios; la investigación descubrió variedades híbridas y el avance de los invernaderos que permitían recolectar en épocas distintas a las tradicionales (variedades tempranas y tardías), con lo que el agricultor podía diversificar su cosecha; llegaron los royalties con la limitación de plantas para evitar la sobreproducción de estas variedades y el pago de licencias por plantarlas, obviamente, estas licencias por su mayor poder económico fueron copadas mayoritariamente por los inversores en agricultura; y por último, Europa nos impuso calidades y condicionamientos de salud y medioambientales que prohibían abonos y fitosanitarios más económicos que debían ser sustituidos por otros más caros y menos eficaces.

Ante todos estos problemas, muchos agricultores tradicionales fueron abandonando sus fincas y migrando a la industria, donde se les garantizaba un horario fijo y un salario mensual. Pero otros, en cambio, como pudieron, se fueron adaptando a las distintas situaciones y sobrevivieron.

Hoy, España, a pesar de la opinión de algún tertuliano malintencionado y politizado, gracias a la capacidad de adaptación a cualquier circunstancia y al espíritu competitivo de nuestros agricultores, tiene una agricultura saneada, moderna y competitiva. El problema no está en nuestra competitividad sino en las condiciones en las que quieren que compitamos, y se pretende que nuestro agricultor corra con las piernas atadas.

El problema no viene de antiguo, lo pasado fue superado ya. Nos enfrentamos a un nuevo problema cuyo origen, esta vez, es político y nos llega desde la UE con el beneplácito de nuestros gobiernos. Esta vez no hay adaptación posible, o se corrigen las políticas o el sector primario mediterráneo europeo desaparecerá. Se trata de la firma por parte de la UE de Acuerdos Comerciales Internacionales con países de bajo coste de producción con la eliminación de cupos y aranceles.

Nos quieren hacer creer que el problema agrario es estructural, de falta de modernización. Se apunta, como tumor maligno del sector, a una ley nacional, la de la cadena alimentaria, cuando la influencia de esta ley termina en los Pirineos y la mayor parte de nuestra producción se vende en Europa.

Podemos decir que todo comienza con la Unión por el Mediterráneo y sus Acuerdos Comerciales posteriores, concretamente en el 2008 con el “Acuerdo de Asociación con Egipto”, ese mismo año se firmó también la “Asociación de Adhesión con Turquía”; en el 2013 el “Acuerdo de Liberalización con Marruecos”. De alguna forma es como si se ampliara la UE a estos países pero sin que ellos, a cambio, tengan ninguna atadura legal o política con la UE ni, acorde con el “Principio de Solidaridad Financiera” de la PAC, participen al mantenimiento de esta. A estos acuerdos viene a unirse en 2016 el “Acuerdo con la Comunidad para el Desarrollo de África Meridional (Sudáfrica)” y, por último, aún pendiente de ratificar, el Acuerdo con MERCOSUR.

El libre mercado es muy exigente; con la competencia los precios se ajustan a la baja. Los gastos, beneficios, comisiones e impuestos a lo largo de la cadena son fijos. Lo único variable es el precio de origen por lo que, si nos llega una sobreoferta de productos de muy bajo coste, en el único eslabón que repercute es en el primero: en el agricultor. No se trata de que los demás no se lleven su justo beneficio, se trata de que el agricultor se queda sin él.

Así es que, gracias a estos nefastos acuerdos, la campaña 2019 ha sido la peor de la historia de la agricultura para casi todos los productos agrícolas mediterráneos, cuyo precio en campo ha estado incluso por debajo de los costes de producción; lo que significa que el agricultor paga por producir lo que tú te comes.

El año 2020 nos ha traído la rebelión agrícola. El campo español ha estallado y se manifiesta por todo el territorio nacional. El agricultor no entiende bien donde está el problema, solo sabe que los precios que recibe no son justos. Y ahí, en ese desconocimiento del problema es donde entra toda la maquinaria del Estado a manipular las movilizaciones y dirigirlas hacía “sus” soluciones; aquellas que tras un análisis maniqueo de sindicatos agrarios subvencionados al servicio de quien les paga, y de los manipulados y manipuladores medios de comunicación, van a hacer que el Gobierno, en apariencia, se pliegue a las reivindicaciones del campo, cuando en realidad las tiene previamente pactadas. El Gobierno adoptará soluciones, que teóricamente pedimos los agricultores, pero que en realidad son las que él está dispuesto a adoptar y así, de esta manera, quedaremos silenciados nuevamente y con el problema sin resolver.

Pides precios justos, pero el libre mercado es cruel y no entiende de justicia; en él, todo se rige por la ley de oferta y demanda y los precios caen cuando hay sobreoferta en el mercado. Por lo tanto, los precios justos solo llegarán cuando desaparezca la sobreoferta de productos de bajo coste de producción que llegan de países extranjeros con los que la UE ha firmado acuerdos comerciales. Allí los salarios son 10 veces más bajos que aquí; Europa no les obliga a cumplir su normativa fitosanitaria y encima les autoriza a que traigan sus mercancías sin tratamiento en frio, introduciéndonos fatídicas plagas.

El elemento distorsionador del mercado no es otro, y el gobierno, aunque lo disimule, lo sabe, porque es el propio Ministerio de Comercio (Datacomex) el que tiene los datos que avalan la sobreoferta externa como causa del problema. Tomando los datos de exportación de cítricos a la UE, la República Sudafricana ha pasado de 579.026TN en el 2014 a 813.410TN en el 2018; Egipto ha pasado de 184.709TN a 332.126TN en el mismo periodo y Turquía de 240.911 TN a 284.922TN. Por el contrario, España pierde casi 300.000TN y pasa en ese mismo periodo de 3.132.634TN a 2.848.309TN. Sudáfrica, Marruecos, Egipto y Turquía, entre otros, cada año aumentan sus exportaciones a la UE, mientras que nosotros retrocedemos; a ellos, ofreciendo menos calidad, pero mucho más barato, les va bien y a nosotros, que respetamos la normativa europea, nos va mal; ellos cada año plantan más y nosotros abandonamos más

Pero todo está controlado, señalar al Libre Comercio Internacional es una línea roja impuesta desde Bruselas y nuestros obedientes políticos no quieren complicarles la vida a los burócratas de Bruselas; prefieren arruinar la vida de quienes les hemos votado a cuestionar los malditos acuerdos.

El Gobierno ha puesto su aparato en marcha y ha conseguido, hablando de un populista IPOD (Índice de precios Origen Destino), que todos miremos hacía el intermediario y hacia las distribuidoras como origen del mal. Los partidos políticos, sindicatos agrarios subvencionados y prensa manipulada, compran el discurso y cacarean continuamente este relato mientras silencian el verdadero problema, confundiendo al ciudadano y lo que es peor, al propio agricultor.

El Ministro Planas nos da la razón y dice que "No se puede comprar a un precio inferior al que ha sido el coste de producción". Pero no mira hacia la regulación de la sobreoferta que llega desde países extracomunitarios; mira hacia donde no está el problema y propone: “incluir una referencia a los costes de producción en el contrato escrito, para que no se pueda comprar por debajo de los costes de producción”. ¿Ha pensado el Ministro a quien van a comprar las distribuidoras si no se frena la entrada de productos más baratos que van a seguir llegando desde países no socios, con los que se han firmado acuerdos comerciales? Obviamente, el ministro no puede obligar a las distribuidoras a comprar lo nuestro y mucho menos a las europeas, a las que vendemos la mayor parte de la producción, por lo que, si siguen aumentando las exportaciones extranjeras, las distribuidoras compraran estos productos y los nuestros se quedaran en el campo sin recoger.

Habla el Ministro de "un problema coyuntural" del sector, en el que los precios son más bajos debido a una gran producción, pero no dice de donde viene esa gran producción. Los datos demuestran claramente que nosotros cada vez producimos menos mientras que los de fuera nos exportan más. En España no sobra ni una sola mandarina ni tomate ni calabacín, lo que sobra es lo que entra en el mercado europeo (nuestro mercado) sin regulación alguna.

El Ministro quiere reunirse con todos los actores de la cadena alimentaria, especialmente con las grandes distribuidoras, ¿y que les va a decir?, ¿que ganen menos dinero?, ¿que reduzcan o renuncien a su margen de beneficio?, ¿va a decirles a qué precios comprar o a qué precios vender?, ¿Va a obligarles a que nos compren a nosotros y no a países terceros?, ¿va a eliminar la competencia del libre mercado?. Todo esto no solo es esperpéntico, sino que también es ilegal.

A tenor del REGLAMENTO (CE) No 1/2003 DEL CONSEJO de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado”, determinadas prácticas desleales, como: los contactos y acuerdos entre empresas; la fijación de precios; el reparto del mercado; cobrar precios artificialmente bajos que puedan expulsar a los competidores del mercado (venta a perdidas); la venta a resultas y cualquier abuso de posición dominante … están prohibidas. Las normas de competencia de la UE se aplican directamente en todos los Estados miembros, por lo que los tribunales nacionales están obligados a defenderlas y a cumplirlas. Por ello, el Ministro no tiene nada que hablar con las empresas, lo único que puede y debe hacer el Ministerio, es observar el mercado en busca de esas prácticas y denunciarlas ante La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que es el organismo público con personalidad jurídica propia, totalmente independiente del gobierno, que promueve y defiende el buen funcionamiento de todos los mercados en interés de los consumidores y de las empresas.

Lo que más sorprende es que no haya ni un solo tertuliano sabelotodo o avezado periodista que explique lo de la competencia y que explique claramente que en una sociedad de libre Mercado, el Ministro de Agricultura no puede imponer precios ni beneficios; todo se rige por la ley de la oferta y la demanda y todos son libres de comprar y vender al precio que quieran o puedan. El único juego posible está entre apostar por calidad o por precio dentro de una libre y justa competencia que, sin piedad, pondrá a cada uno en su lugar.

Y qué piden los mal llamados representantes de los agricultores. ¿Habéis leído la tabla reivindicativa que consensuaron los sindicatos agrarios subvencionados?:

  • Mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria: Si hay algo que mejorar, que lo dudo, solo afectará a lo que se vende en territorio nacional (entre un 15 y 20% de la producción).
  • Crear un observatorio de precios: Ya existió y no denunció nunca ningún caso de competencia desleal. No obstante, está bien que se cree para detectar malas prácticas y denunciarlas, pero en ningún caso estas prácticas son la generalidad ni el problema real a los precios bajos.
  • Presupuesto suficiente para los seguros agrarios: Un parche para un problema menor.
  • Implantación de un seguro costes/ingresos: ¿Y esto es una petición al gobierno? Digo yo, que este seguro solo será posible si les interesa a las empresas de seguros.
  • Activar medidas de gestión de crisis con Fondos de Crisis: Humo cegador
  • Desarrollo normativo en materia de competencia: Ya existe y no puede ser contraria a las directrices del REGLAMENTO (CE) No 1/2003 de la UE.
  • Plan de reconversión y reestructuración: Miedo me da que nos reestructure el gobierno. Humo peligroso; auténticos gases tóxicos.
  • Disponibilidad en materias activas para hacer frente a plagas: Parche importante, pero casi imposible de conseguir ya que la UE hace más caso de las cigarras ecologistas que de las laboriosas hormigas agrarias.
  • Estudio previo y evaluación posterior del impacto de los acuerdos con terceros países: ¿Solo eso referente a los terceros países? ¿Y qué hacemos con los acuerdos que ya existen? ¿Y qué hacer si el impacto es nefasto? ¿Por qué no se pide aplicar en todos los acuerdos comerciales internacionales el Principio de Preferencia Comunitario? Al principal problema, los sindicatos agrarios le dedican una inconcreta e ineficaz referencia, sin pedir absolutamente ninguna medida que subsane esa sobreoferta de productos extranjeros, clave del problema agrario actual.
  • Informar en etiquetas de las diferentes normativas de países terceros: Como no pongan, como con el tabaco, que consumir este producto mata, esta medida no deja de ser una estupidez que nadie va a leer. En cualquier caso, recordar que esta medida se quedaría solo a nivel nacional y no afectaría a lo que vendemos en la UE que es la mayor parte de la producción.
  •  Fiscalidad ágil, lucha contra robos, promover la reputación de los agricultores …: Humo, humo y más humo.
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Pero ni una sola mención a la sobreoferta que nos llega de fuera, que satura el mercado y hace caer los precios.

No, el problema no está en el precio del Mercadona. Que vendan al precio que les dé la gana, el mercado y la competencia ya les pondrá en su lugar. En el libre mercado todos compiten en precio y los precios se van ajustando a la baja. El problema en el libre mercado es la sobreoferta, y esta, gracias al libre comercio, nos llega desde fuera. En el libre mercado todos jugamos con las mismas cartas; lo que está sin reglas es el libre comercio. Sí, en el libre mercado puede haber abusos, (reetiquetados, venta a perdidas, venta a resultas) pero no son la tónica general, son ilegales y se deben de denunciar.

¿Como vamos a poner precios mínimos si no cortas primero la entrada indiscriminada de lo que llega de fuera? las distribuidoras compraran lo de fuera y lo nuestro se quedará con el precio marcado, pero sin recoger.

Quieren organizarnos. Según los entendidos, el problema es un embudo en la cadena, pero lo que no explican es que a ese embudo que finaliza en los Hipermercados españoles, solo se vende un 7% de nuestra producción. No obstante, la solución según estos entendidos, es una gran cooperativa de cooperativas que defienda los precios en el mercado. No se trata de hablar ahora de ventajas y desventajas del cooperativismo, pero el gobierno debe de dejar la libertad para que cada uno se defienda como quiera. De nada sirve crear una gran cooperativa de cooperativas que negocie los precios, si no se detiene primero la entrada sin límites de productos que llegan de fuera.

El problema de las cooperativas radica en que en un momento determinado se encuentran con un gran volumen de fruta que deben de recoger y poner en el mercado antes de que se estropee. Ante este problema lo importante es vender cuanto antes y el precio pasa a ser secundario. Con esa gran cooperativa, habrá menos interlocutores para vender, pero mucho más volumen y más prisas por colocarlo en el mercado, con el agravante de que lo que nos llega de los países terceros sigue estando ahí como elemento distorsionador del precio.

Hay que cambiarle el discurso al sector, y pedir lo que toca y a quien toca. Está bien que seamos miles manifestándonos, pero si pedimos humo y parches, seguro que conseguimos el humo y puede que parcheemos algún problema menor, pero nunca se resolverá el problema.

En la España de las subvenciones y los chiringuitos, los agricultores no piden subvenciones, se conforman con que se regule lo que ya tenían regulado y la UE les quitó, firmando acuerdos comerciales. Es de justicia, están sufriendo una gran discriminación y desigualdad, porque los ciudadanos europeos y otros productos sí que están protegidos por nuestras fronteras. Están pidiendo lo que les han quitado a ellos y a otros no.

Las defensas comerciales son de justicia para proteger lo local. Los productores locales lo merecen, porque son socios europeos y los otros no; porque España participa con más de 11.000 millones de euros al mantenimiento de la UE y los no socios no; porque nuestros agricultores pagan sus impuestos aquí y los extracomunitarios no; porque se someten a toda la normativa europea y los de fuera no; porque los perjudicados son muchos y los beneficiados en cambio son cuatro corporaciones agroalimentarias que olieron el negocio de producir con costes bajos allí y vender sin aranceles aquí.

Hay que pedir defensas comerciales hasta que todo el mundo se entere que es de justicia y que es la única solución; todo lo demás son parches y más pronto que tarde seremos sustituidos.

El ciudadano europeo debe de ser consciente de que no puede quedarse sin agricultura. Su egoísmo e insolidaridad de hoy lo pagará mañana: lo pagará en calidad y salud, comiendo fruta envenenada; lo pagará en paisaje, cuando desaparezcan nuestros árboles y cultivos, todo serán descampados; lo pagará en contaminación, grandes buques transportando desde muy lejos lo que teníamos aquí, contaminando los mares y sin los árboles de nuestros agricultores que renovaban el aire que respiramos; y llegada una crisis aquí o allí, lo pagará en hambre, porque ya no tendremos agricultores que nos den de comer:

Hay que establecer aranceles que compensen esas diferencias de costes de producción. Cupos por países que limiten la cantidad de volumen que nos pueden exportar y que eviten esa sobreoferta que hace bajar los precios, y ventanas en fechas que protejan nuestros picos de producción.

Es mentira que nosotros seamos exportadores y que, si Europa pone aranceles, otros países nos los pondrán también a nosotros. Más del 95% de nuestros productos se venden en la UE y la UE es nuestro mercado.

¡Ya está bien de engaños, DEFENSAS COMERCIALES YA!