¿Acabará siendo delito el oponerse a la eutanasia?

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El actual Gobierno de España, en mi modesta opinión, heredero del gobierno asesino del Frente Popular, nos ha anunciado que nos va a beneficiar legislando sobre la eutanasia. Lo cual, sin duda alguna, constituye el avance de un paso más en el camino de la estatalización de nuestras vidas y de la esclavización de la ciudadanía, así como la instalación de una válvula de escape para el problema de las pensiones.

Veamos en principio qué es la eutanasia. Es, ni más ni menos, que una forma de suicidio asistido, sustentada en la inhumana idea de que el hombre es propietario absoluto de su vida y de que, en consecuencia, puede hacer con ella lo que le venga en gana, excepto, claro está, luchar por conservarla, mejorarla y dignificarla, porque esa lucha es contradictoria con la personalidad con la que se quiere moldear a las futuras generaciones. Una personalidad de la que queden excluidos el valor, la virilidad, el espíritu de lucha, la fe y la rebeldía frente a las situaciones de carencia y/o necesidad.

Si nos fijamos, este canallesco interés por ayudar al personal a suicidarse, choca con el hecho, ocultado por la prensa y por los políticos, de que, en España, se producen un promedio de alrededor de diez suicidios diarios. Es decir, no quieren que veamos tan dolorosa realidad.

Por lo tanto, y ante esto, yo me puedo permitir el lujo de pensar que, a los políticos, les da igual la desesperación, el dolor y el desamparo de las personas. Lo que realmente les importa es controlarlo todo, hasta la voluntad del ciudadano de suicidarse. Les da igual que un ciudadano se suicide, lo que quieren es que lo haga bajo el control del Estado, indolora, aséptica y fríamente. Y, así, de paso, nos ahorramos una pasta en intervenciones policiales, inspecciones oculares, autopsias, etc., etc., etc. Porque la muerte, ese fenómeno que ocultan socialmente, no es tan terrible si nos la administra el Estado.

Desde aquí y ahora, auguro que se va a montar toda una estructura político-administrativa, al socaire de la eutanasia, así como una industria de la muerte, como ya sucede con el asesinato prenatal. Y, como es natural, esa estructura y esa industria, lucharán por lograr la pujanza, pujanza que, inevitablemente, pasa por la potenciación del suicidio administrado por el Estado, mediante sus agentes, que serán una especie de ángeles de la muerte con placa y bata blanca.

Ya me estoy imaginando la siguiente escena. Una persona que, por el motivo que sea, decide que se quiere suicidar, pero que no tiene los dídimos suficientes para hacerlo por su cuenta, artesanalmente, como se ha hecho toda la vida. Entonces, recurre a los servicios públicos, prestados directamente por la sanidad pública, o, mediante el sistema de externalización, por centros concertados. En primer lugar, será atendido por un burocratizado sanitario, quien, con toda probabilidad lo remitirá a un psicólogo (siempre hay un psicólogo en este tipo de procesos), el cual no tratará de disuadirlo, puesto que, si no hay suicidio, se acaba el chollo. Sino que le ayudará a “asumir” su decisión, con “serenidad” y sin “culpabilidad”.

Con esto, el psicólogo en cuestión, no adoptará una postura ética, ni profesional, ni objetiva. Todo lo contrario, pondrá su digna profesión al servicio de unos bastardos intereses políticos e ideológicos. Vamos, lo más anticientífico que podamos imaginarnos.

Luego, se presenta otro aspecto de la cuestión, el de los enfermos, impedidos y ancianos. Gente que, a los ojos de la sociedad, enferma y sin valores, que están moldeando, es improductiva y onerosa. Pero aquí nos encontraremos con alguna que otra trampa. Veamos: aquellos ancianos, enfermos e impedidos que puedan costearse una residencia privada, una hospitalización privada o una asistencia privada, serán tratados en función de los intereses que se hallen detrás de los respectivos hospitales, residencias o centros asistenciales. Pero quienes constituyan una carga para el Estado, o para las familias (no olvidemos el trabajo de desestructuración de la institución familiar que se está llevando a cabo). Así como los que lleven cobrando una pensión durante más de X tiempo (tiempo que se determinará en función de la política presupuestaria), serán persuadidos de que su vida carece de valor y de que lo mejor para ellos es abandonar este mundo “dignamente”, según el concepto de dignidad que establezcan los partidarios del asesinato.

Además, nos encontraremos con algo más. Por ejemplo, el caso de los ancianos ricos y sin herederos, en cuyo caso es el Estado quien se convierte en heredero. Vamos, que, blanco y en botella.

Quiero terminar planteando otra cuestión. Dado que van a penalizar cualquier expresión favorable al franquismo. Dado que los rojillos que nos gobiernan son muy dados a llamar fachas o franquistas a quienes no piensan como ellos. Es muy probable que oponerse a su legislación sea una actitud franquista y, por lo tanto, multa y al talego. Porque oponerse a la eutanasia será delito.

Y, para finalizar, quiero llamar la atención sobre el hecho de que no he utilizado, en este artículo, el lenguaje inclusivo, sino que he abusado del masculino genérico. Pero, advierto, no es por falta de respeto a las mujeres, sino por asco por la femisoviets.

Miguel Alabort

Miguel José Alabort Jiménez es licenciado en Derecho y Graduado Social.