En Europa están teniendo lugar importantes cambios. Las elecciones en el Reino Unido dieron una arrolladora victoria a la izquierda Laborista que tras 14 años de lamentable gobierno conservador que culminó con el Brexit, accedía a Downing Street con un ideario en que la salida de la Unión no entró en juego.

Hoy mismo tiene lugar la segunda vuelta de las legislativas francesas. Se prevé la victoria de la Agrupación Nacional de Marine Le Pen aunque, previsiblemente, no por mayoría absoluta, seguida por el Frente Popular de Belinchon  y a cierta distancia el partido republicano Ensemble cuyo voto decantado a derecha o izquierda, decidirá si Macron cohabita con una especie de Abascal o con una especie de Podemos y perdonen por este burdo paralelismo con las formaciones semejantes en España. Estemos atentos a los resultados de esta tarde.

Las novedades en España son igualmente graves. Está en juego nada menos que el correcto funcionamiento de nuestro sistema judicial. Se ha repetido hasta la saciedad que, como consecuencia del mal uso de los fondos comunitarios, en la Andalucía de los tiempos de Griñán y Chaves, el PSOE se había convertido en el campeón de la corrupción al malversar 680 millones de euros destinados a los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Los juicios celebrados habían llevado a sentencias de prisión o de inhabilitación a políticos tan notables como los dos mencionados y también Magdalena Álvarez.

Conde Pumpido desde el Constitucional ha dado la vuelta al escenario. La amnistía aplicada a los secesionistas catalanes se extendió a delitos ya juzgados y está trayendo como consecuencia dejar caer en el olvido el mayor delito de corrupción de nuestra democracia.

Sería decepcionante si en la Unión Europea, del bolsillo de cuyos contribuyentes procedían los fondos derrochados, no cuestionaran la sentencia de nuestro Constitucional que, una vez más, se extralimita en sus funciones enmendando la plana a las sentencias del Tribunal Supremo.

Este escándalo ocurre en paralelo a otro no menor: la comparecencia de Begoña Gómez en el Tribunal de justicia investigada por tráfico de influencias y corrupción. Un hecho que ocurre por primera vez en nuestra historia, la imputación a la esposa del presidente del gobierno.

Cientos de policías protegieron por tierra y aire el paseíllo de la segunda dama del país hasta la plaza de Castilla. Los defensores de la señora Gómez solicitaron se le permitiera el acceso al Tribunal, desde el garaje para evitar a la dama mezclarse con el gentío y con los probables fotógrafos privados y públicos. Los defensores solicitaron también que las declaraciones fueran solo grabadas en audio y no en video. Se accedió a lo primero pero quedó en suspenso lo segundo.

Al final tantas precauciones fueron en vano. Con el pretexto de no haber recibido las nuevas inculpaciones cursadas por el Juez Peinado, la investigada se negó a responder a las preguntas del Juez con lo que la vista quedo aplazada hasta dentro de 15 días.

Estemos alerta. Estas argucias defensivas pueden tener como objetivo  ir enfriando la cuestión, buscar vías de descrédito del Juez -a quien ya se tilda de facha peligroso- y echar pelillos a la mar sobre doña Begoña.

Me atrevería a  apostar que este asunto queda en nada, como ya predijo el Sr Sánchez al ser preguntado sobre la cuestión: "No hay nada".