El caso del marido de Mónica Oltra condenado por abusos sexuales a una menor tutelada puede acabar con la consellera y vicepresidenta del Consell valenciano en los tribunales.

Ya lo admiten en el tripartito valenciano, integrado por socialistas, Compromís y Unidas Podemos, que ayer volvieron a sufrir las fundadas peticiones de que dimita o sea cesada por Ximo Puig. Lo pidieron, de nuevo, los tres partidos de la oposición: PP, Vox y Ciudadanos.

El pasado lunes Oltra afirmó lo que todos dábamos por hecho: que fue ella, como consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, la que ordenó que se abriera investigación en agosto de 2017, fecha en la que dice que tuvo conocimiento de los hechos.

Dice que ordenó esa apertura de expediente para saber lo que había ocurrido. Los jueces ponen muy en tela de juicio que fuera para “averiguar”, sino que hubo un cúmulo de actuaciones para tapar la denuncia, que Maite –la menor tutelada– empezó a contar en febrero de 2017 a diversos responsables del centro de menores en que vivía y otro personal de la Consellería de Oltra.

En concreto, el juez ha dicho que ese informe “no se orientó” a los objetivos que dijo Oltra.

Si hay alguien que se crea que ese personal a las órdenes de Oltra no se lo hizo saber a partir de febrero y antes de agosto -¡6 meses de turbulencias!-, que por favor lo escriba o añada un comentario a estas líneas. 

Dice que se enteró del caso cuando le llegó una citación a su casa el 4 de agosto de 2017. Los niños no vienen de París: ¡seis meses en los que Mónica Oltra dice que no sabía nada y sí lo sabían funcionarias de su Consellería! Si eso fuera cierto y como reviste enorme gravedad, Oltra debería haberles cesado, sancionado. No es creíble.

Meses en que Maite habla y nadie de los que la Generalitat Valenciana paga para proteger y ayudar a los menores le hace caso. Es más: le hacen saber que tenga cuidado, que ese trabajador, Luis Eduardo Ramírez Icardi, tiene familia con cargos muy importantes. Una tutela delicada y fina a una joven de 14 años.

Hay más dosis de crueldad y abandono, pero saber y recordar esto da idea de la telaraña que montó Oltra, de su catadura política y ética: intentar anular y destrozar a la niña abusada, y que los abusos de su marido pasaran inadvertidos, siguiendo trabajando el acusado con menores tutelados.

El pasado lunes Mónica Oltra reconoció que ella había abierto la investigación, y que dejaran en paz a los funcionarios que se les está investigando. Es lo que faltaba: ver a Mónica Oltra vestirse de víctima, de salvadora del prestigio de sus subordinados, que están investigados por seguir las órdenes de ella. 

No se está juzgando todavía a Mónica Oltra. Tendría que juzgarse en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, por ser aforada. Puede ser acusada de malversación, prevaricación, ocultación de pruebas y desobediencia.

Por ahora, el juez de Instrucción que está interrogando a los investigados -¡13, con varios altos cargos incluidos!– está dejando algunas ‘perlas’, por ejemplo al considerar que el marido de Oltra siguiera trabajando en ese centro tras la denuncia, y decir que eso es como “dejar al zorro cuidando unas gallinas”.

Por otra parte, el silencio de quienes se autocalifican feministas es escandaloso ante la retahíla de injusticias y maltrato que viene sufriendo Maite. Menor de edad, mujer, sufre abusos sexuales, no se le ayuda, y ahora que es mayor de edad y tiene un bebé pide con angustia ayuda económica mediante la campaña GoFundMe “El frío se está apoderando de nosotros”. Ella trabajaba en el hospital de Torrevieja, pero al pasar a ser de gestión pública no le renovaron el contrato: ella habla de que la ‘venganza’ continúa.

Ya lo dijo ayer en las Cortes Valencianas Maria-José Catalá, portavoz del PP: Oltra va a acabar mal