El Gobierno ha decidido “hacer sangre” en Andalucía, exigiendo a la Junta de Andalucía recortes en Sanidad y Educación, además de no poder acudir a los mercados para financiarse, alegando su déficit y delicada situación económica, Un plan de ajuste, atendiendo al ejercicio 2018, cuando gobernaba el PSOE en Andalucía. Hay otras comunidades autónomas en peor situación económica que Andalucía, como es el caso de la Comunidad Valenciana y Cataluña: sin embargo, impensable que el Gobierno actúe en nuestra comunidad, porque gobiernan los socialistas y los lógicos apoyos para un Gobierno de Sánchez, y tampoco en Cataluña, por razones evidentes. Tampoco Pablo Casado estuvo afortunado al decir que por qué no interviene el Gobierno la Comunidad Valenciana, sin decir ninguna otra más en concreto: son ganas de caer en la trampa, en vez de centrarse en Andalucía, o una referencia genérica a la situación de otras comunidades.

La decisión del Gobierno de “hacer sangre” en Andalucía tiene algo o mucho que ver con la sentencia de los EREs. A pesar de todos los esfuerzos del PSOE por decir que “son pasado”, la Junta de Andalucía –PP y Ciudadanos– entregó tres cajas la semana pasada con más documentación sobre los EREs, y añadió: “Habrá más”. Alguien hizo llegar a la Junta de Andalucía que, por su propio bien, no aireara más los EREs, que podría tener consecuencias. Y las ha tenido este lunes: plan de ajuste. Aún hay más: la Junta de Andalucía acaba de aflorar facturas por 300 millones abonadas por Susana Díaz antes de marcharse, deudas por errores de la Junta, que firmó a toda prisa, y que están contabilizadas en el ejercicio de 2018. Guerra total Gobierno-Junta.

Alguien en el Gobierno habrá pensado que había que acabar con que se hable de la sentencia de los EREs, y que había que desviar la atención mediática, intentando de paso castigar al gobierno andaluz de PP y Ciudadanos, y además incrementar el desgaste de Susana Díaz, a quien ya buscan relevo desde Madrid, como es lógico.

Desviar la atención, no atender a sus peticiones de “pasar página” con los EREs y, de paso, el mensaje de que este plan de ajuste no se hubiera pedido si gobernara el PSOE en Andalucía. Sinceramente, no han sido ecuánimes al castigar a Andalucía. Buscan lo inmediato: frenar una sangría con otra sangría, a todas luces discriminatoria. Así, los andaluces pueden revolverse mucho más contra el PSOE: ante venganzas políticas que pueden perjudicar la calidad de vida andaluza, vendrán las urnas.