En estos días la noticia ha estallado como una bomba: Ferrovial, una de las compañías estrella de nuestro IBEX 35, ha decidido trasladar su domicilio social desde España a los Países Bajos, con toda la carga simbólica que ello conlleva.

El Gobierno se lo ha tomado a mal, acusando a la empresa y a su presidente Rafael del Pino -a quien por cierto conocí hace años a través de su hermano, mi colega y amigo el Embajador Jorge del Pino- de poco menos que traidor y anti patriota.

Piensan el señor Sánchez y al menos cinco de los miembros de su Gabinete, que han salido en tromba afeando la conducta de la empresa, que si una compañía se enriquece es gracias a las licitaciones que obtuvo del Gobierno y que, por lo tanto, dicha empresa es susceptible de ser sancionada y debe devolver buena parte de lo que ganó gracias al Ejecutivo.

Pero las cosas no funcionan así, porque en primer lugar, Ferrovial tiene el 85% de sus obras y beneficios generados fuera de España y en segundo lugar porque nuestro país no es un Gobierno sino un Estado.

La fuga de cerebros, la marcha de España de licenciados que han completado su formación gracias a unos estudios universitarios subvencionados con nuestros impuestos, sí puede considerarse un gesto desleal hacia el país que los formó; no así el traslado de una empresa que prosperó a nivel mundial no gracias al Gobierno sino por haber vencido en licitaciones y concursos compitiendo con otras muchas empresas también competitivas.

El traslado de la sede de Ferrovial desde Madrid a Amsterdam no es, ciertamente, una buena noticia para España, en especial porque otras firmas de parecidas características -muy alta facturación, en su inmensa mayoría generada en el extranjero, elevados impuestos satisfechos en España- podrían tener la tentación de seguir su mismo camino.

Pero Ferrovial no es culpable de nada ni cabe imputarle sanción alguna como apuntan algunos miembros del Gobierno. Más bien son estos quienes deberán recordar las acusaciones y los insultos vertidos “sobre los de arriba”, “los que fuman puros”, sobre “los ricos que se están forrando” y que se convierten en víctimas de una legislación errática y unas cargas fiscales desproporcionadas olvidando que solo la prosperidad de los empresarios logrará acabar con el desempleo endémico que acosa al sistema productivo español.

Ferrovial no se va a trasladar a Ámsterdam para eludir el pago de impuestos. Los Países Bajos no son un paraíso fiscal. Es un país europeo con elevados impuestos pero también provisto de un aparato legislativo previsible y desde el que la compañía de del Pino podrá operar con mayor facilidad en los mercados internacionales -los Estados Unidos, Canadá, Polonia, el Reino Unido- en que lo está haciendo.

Esperemos que el ejemplo no cunda y que no ocurra en España lo que pasó en Cataluña después del referéndum de 2017, cuando miles de empresas huyeron con rumbo a Madrid, Valencia o las Baleares.

Lo primero a hacer para evitarlo es acabar con esa batalla frontal de ciertos políticos contra los empresarios que necesitan con urgencia contar con bases jurídicas sólidas sobre las que operar.