No más de un millón y medio de personas, los votantes de partidos tales como Bildu, PNV, ERC y JXCAT, deciden el destino de los restantes 47 millones de españoles que han optado por otras vías para España ¿Por qué ello ocurre así en nuestro país? Básicamente ocurre por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, mejor conocida como Ley Electoral, adoptada en 1985.

Dicha ley regula todos los aspectos relacionados con las elecciones, desde la formación de la Junta Electoral Central, la división del país en circunscripciones, la formación de las mesas, la duración de las campañas y principalmente el método por el que se escogen los 350 diputados que componen la Cámara Baja y los 265 del Senado.

Particularmente delicado es el método D’Hondt que selecciona a los miembros del Congreso de cuya formación dependerá la composición del Gobierno en nuestra Monarquía Parlamentaria.

Cada vez resulta más evidente que ninguno de los grandes partidos está pudiendo alcanzar la mayoría absoluta. La última de ellas la obtuvo Mariano Rajoy en 2011. Antes y después de ese año y cada vez que no había una mayoría suficiente, el PP y el PSOE se vieron forzados a obtener el apoyo de partidos menores, regionales, a cambio de concesiones que se otorgaban a unas provincia en perjuicio de las restantes.

El reforzamiento de partidos dudosamente constitucionales ya sea por su carácter separatista, republicano, comunista o por su pasado terrorista, convertía aquellos pactos en rechazables por buena parte del censo votante.

Durante la reciente campaña del PSOE sus líderes insistían en que la victoria de la derecha -en especial de Vox- metería al país en un túnel tenebroso que nos haría retroceder 50 años en nuestra historia. Varios millones compraron el mensaje y votaron a Sánchez. La mayoría del país cree, sin embargo, que ya estamos en ese túnel en el que nos metió el grupo Frankenstein y de lo que se trata es de salir de él expulsando a esta detestable formación política.

Ganó la derecha pero una alianza de la izquierda con los mencionados grupos minoritarios ponen el futuro en cuestión. Y una vez más sale a relucir la necesidad de reformar la Ley Electoral para evitar que ciertas minorías decidan el futuro del conjunto del país.

¿Cómo proceder a tal reforma? Hay dos vías principales: la primera sería exigiendo que todos los partidos, incluidos los regionales tuvieran que alcanzar un umbral mínimo de 3 o 5%, no en una sola provincia sino en todas las circunscripciones ya que lo que está en juego no es el futuro de una autonomía o una provincia sino la nación en su conjunto.

La segunda posibilidad sería crear una sola circunscripción y fijar un umbral alto para evitar que se colaran partidos no suficientemente significativos, que hoy  tienen en nuestro parlamento una fuerza superior a la que les correspondería por la población que representan.

Ninguna de estas soluciones o cualquier otra en que pueda pensarse será fácil de alcanzar. Habrá resistencia de parte de los pequeños partidos y también de los grandes pero los inconvenientes que conllevaría su reforma serían menores que los que presentan su mantenimiento.

Figuras muy sesudas alegan que la urna no vale si quien vota es analfabeto. Ello significaría volver al voto censatario que ya fue desterrado en Constituciones históricas. No se pide tanto, no se trata de que el voto del sabio valga más que el del zote. Pero si de evitar el voto asimétrico, el que hace que el voto del catalán o del vasco valga más que el del valenciano, el murciano o el andaluz.

Mientras no se corrija semejante anomalía estaremos condenados a repetir la situación en que solo gana quien carece de la decencia suficiente para evitar pactar con partidos que en la mayor parte de los países europeos estarían proscritos.