“Por nosotros y la nación española peleamos”. Bellas palabras que podrían haber sido pronunciadas por cualquier patriota español en los innumerables hechos de armas de nuestra historia.
Sin embargo, la singularidad del alegato radica en que forman parte del manifiesto dirigido a la población de Barcelona el día 11 de septiembre de 1711, firmado conjuntamente por el conseller en cap y abogado Casanova y el general Villarroel, un militar profesional de origen gallego que había servido con anterioridad los intereses de la Casa de Borbón. Además, el manifiesto exigía a los barceloneses que derramaran su sangre “por la libertad de toda España”
¿Quién da más?”
No podía ser de otra manera. Aquel asedio formaba parte de una guerra civil. La Corona de Aragón en el año 1706 había reconocido como rey al Arhiduque Carlos mientras que otras regiones se inclinaban por el futuro Felipe V. Es cierto que el Borbón inspiraba recelos por su modelo centralista francés y el Archiduque se inclinaba más por una tradición foralista y descentralizada.
El día 11 de septiembre de 1711 no hubo proclamas independentistas ni ataques a la nación española. Y esta verdad histórica es la que el nacionalismo desvirtúa y oculta y mitifica como una exaltación gloriosa del independentismo catalán. Si Casanova y Villarroel resucitasen, ese día volverían indignados a sus tumbas.
El Estatuto de Autonomía Catalán aprobado por las Cortes de la República el día 15 de septiembre del año 1932, en su artículo 2º proclamaba que “El idioma catalán es, como el castellano, lengua oficial de Cataluña”. El resto del artículo es un monumento al sentido común y recomiendo vivamente su lectura. Es la expresión paradigmática del sano bilingüismo. Y ojalá que los bocazas de ERC que tanto añoran la II República, reivindicasen también el texto, el espíritu y la letra de este artículo.
La famosa sentencia del Tribunal de Garantías Constitucionales de la II República, también conocida como la de los rabassaires, en cuya redacción también intervino nuestro paisano don Fernando Gasset, desató las iras de la Esquerra. Sin entrar en el fondo de la materia, que por otra parte pretendía favorecer al pequeño arrendatario, lo que de verdad excitó la cólera de los nacionalistas fue que un tribunal español anulase una decisión del parlament catalán.
El artículo 3º del título preliminar de la Constitución de 1978, integrado en la llamada parte dogmática del texto, dice textualmente que “El castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”. La redacción no puede ser más clara. La sintaxis es perfecta. Pero, desgraciadamente, este problema se articula más en el sentimiento que en la lógica jurídica e histórica.
No se pueden poner vallas al campo. Sólo la firmeza de los dos llamados partidos nacionales –PP y PSOE- podrían ofrecer soluciones sensatas, respetando, eso si los verdaderos sentimientos del pueblo catalán, incluido el uso legítimo de su bella lengua en armonía con la otra lengua hermana. Elevar al plano oficial lo que es real en la calle. Así de sencillo. Pero, desgraciadamente, el PSOE va por otras opciones. Allá ellos. Ahora en estos momentos tan duros para nuestra nación, comprobaremos la sinceridad de sus verdaderos sentimientos nacionales de la única patria España y no de la nación de naciones.