Ciudadanos sigue insistiendo: Cifuentes debe dimitir. No parece que vaya a dimitir y no creo que Ciudadanos entregue la Comunidad de Madrid al PSOE, por lo que hay que estar atentos a cómo justifica que Cifuentes siga.

Hay un sector de la población, nada desdeñable por lo que me llega, que ve exagerado el jaleo” a raíz del máster de Cifuentes. No les parece que la exigencia de Ciudadanos tenga mucho sentido, cuando se está juzgando a dos expresidentes de Andalucía por más de 800 millones de euros de fraude en en los EREs, y de lo que acaban de decir de que “no sabían nada”. Y otras cuestiones que preocupan, y mucho, son las pensiones, Cataluña, el paro. Al lado de todo ello, afirman que un máster no tiene entidad para ocupar tanto tiempo a gobernantes, políticos y medios de comunicación.

Una vez más, me temo que puede haber una fractura entre lo que Ciudadanos exige de modo absoluto y lo que la sociedad piensa, es decir, una nueva separación entre sociedad y políticos. En parte, porque la opinión generalizada es que con los másters hay, en general, poco rigor, y prestigiarlos es responsabilidad primordialmente de las universidades.

Seguro que en Ciudadanos están valorando su postura firme –con cierta dosis de precipitación– desde el comienzo del “mastergate”, pensando que Cifuentes dimitiría impulsada por Rajoy, y ahora se ven en un laberinto, porque entregar la Comunidad de Madrid al PSOE por un máster puede costarle votos a Ciudadanos en 2019.

El famoso máster de Cristina Cifuentes –que ha renunciado a él– está levantando abundantes casos similares en toda España y en la casi totalidad de los partidos políticos.

No sé si quienes airearon el caso Cifuentes eran conscientes de que tendría un efecto “boomerang”, pues el panorama político español está plagado de falsedades y eufemismos, como se está recordando o aireando en estos días. Lo positivo, indudablemente, es que todos los políticos están revisando sus currículums, un paso más de salud democrática, que buena falta nos hace falta en este año que se conmemora el 40º aniversario de la Constitución.

Toni Cantó, diputado de Ciudadanos en el Congreso y que aspirará a presidir la Generalitat Valenciana en 2019, ha reconocido que durante muchos años figuraba en su currículum “pedagogo”.

El exdiputado de UPyD es, a la vez, presidente de la Comisión del Congreso para la Auditoría de la Calidad Democrática y la Lucha contra la Corrupción, hecho irónico en su caso. Cuando era diputado de UPyD quedó publicado que era “pedagogo”, pues la web del Congreso así da fe, y durante años así constó. Cantó daba clases de teatro y ha intentado justificarse alegando que no hace falta una licenciatura en Pedagogía para dar clases de teatro: evidente, pero no por ello ha de atribuirse la condición de pedagogo.

Debe ser que mi experiencia familiar me hace más sensible hacia la Pedagogía, pues tres hermanos míos se licenciaron en Filosofía y Letras, Sección Pedagogía. Y otra hermana se licenció en Filosofía y Letras, Sección Filología Hispánica. Uno de ellos también obtuvo la especialidad de Psicología. Títulos acreditados, con una dilatada experiencia profesional. Me cuesta especialmente, por tanto, aceptar que cuando alguien afirma que es pedagogo –o psicólogo, o filólogo– no tenga el título correspondiente, y se refugie en actividades docentes teatrales.

Si no es necesaria la licenciatura, ¿por qué y para qué mintió Cantó? Toni Cantó y muchos otros, por déficit de formación académica, por complejos, por querer aparentar, por un posible futuro “plus” económico en función de una no-acreditada titulación, o por el motivo que sea, se apuntaron a la moda de “engordar” falsamente su currículum, lo cual es un motivo más de denigración hacia nuestros políticos.

Lo tengo claro: quien aspire a un cargo debe justificar las titulaciones que acredita, y un político aspira permanentemente a un cargo. ¿Qué dice Albert Rivera sobre el falseamiento de Toni Cantó? La coherencia tiene un precio, o bien justificar que el remedio –entregar la Comunidad de Madrid a partidos de izquierdas– es peor que la enfermedad –un problemático máster-: una interinidad de 1 año para 7 millones de personas con un gobierno distinto, y todo por un máster problemático.