El Consejo de Ministros celebrado el pasado tres de agosto aprobó la retirada del recurso de inconstitucionalidad interpuesto en su día por el presidente Rajoy a la Ley vasca de Abusos policiales. La medida, así la han calificado las víctimas del terrorismo, supone una vil traición a todos los que lucharon por defender la unidad de España en la atormentada tierra vasca. Es preciso carecer de patriotismo, o tener una conciencia muy laxa o simplemente carecer de conciencia para acomodarse a los ataques vengativos del separatismo vasco con sus mitologías y pos verdades a cuestas. La actitud de Pedro Sánchez es la misma que la de aquel general felón, responsable de la defensa de una fortaleza que entregara al enemigo información comprometida sobre sus propios soldados y que esta información facilitara las represalias sobre unos soldados que se limitaron a cumplir con su deber. Así de cruda es la realidad.

El hipotecado Pedro Sánchez ha decidido pagar una parte de la deuda contraída con el PNV. Ha retirado el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Abusos policiales, eufemísticamente denominada por los separatistas vascos como Ley12/2016, julio, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999.

Esta enrevesada y complicada denominación esconde una concesión, una incomprensible carta blanca, otorgada con la aquiescencia de Pedro Sánchez, a los asesinos etarras para que puedan denunciar a su antojo, al margen de los tribunales ordinarios, las presuntas agresiones y torturas cometidas en sus personas por los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. La ley regula una Comisión de Valoración para determinar si se produjeron maltratos y torturas. Esta Comisión, según el articulo 17, por su composición  queda en  manos del Gobierno Vasco con el riesgo que supone su demostrada parcialidad y sectarismo a utilizar para sus propios fines electorales. La Comisión estará compuesta por un representante del Gobierno Vasco, tres designados por la Secretaria General en Derechos Humanos, del Gobierno Vasco; tres por el Parlamento Vasco más otros dos peritos forenses por el Instituto Vasco de Medicina Legal, también dependiente del Gobierno Vasco, claro está, y un secretario, funcionario de la Comunidad Autónoma con voz pero sin voto.

La ley ha provocado la justa indignación de todos aquellos servidores del orden publico que en las filas de la Guardia Civil, Policía Nacional, Fuerzas Armadas o de la Ertzaina, arriesgaron sus vidas luchando heroicamente contra el envilecido terrorismo etarra. Recuerdo que el comandante Juan Giner (q.e.p.d.) con su gran experiencia de militar destinado en el País Vasco, nos comentaba a los amigos que los hipócritas delincuentes una vez detenidos e interrogados se apresuraban a denunciar a los agentes por supuestas y falsas vejaciones y torturas. Algunos de sus amigos tuvieron que soportar esta amarga experiencia.

En la gran novela del filólogo vasco Fernando Aramburu titulada “Patria", con mas de nueve ediciones, favorecida por la décimo quinta edición del premio Lampedusa a la mejor novela internacional publicada en Italia, se describe magistralmente el odio cainita y revanchista, que impera entre las mismas familias y entre amigos de siempre, que el nacionalismo ha sembrado en la sociedad vasca. El amargo resultado es una sociedad dividida y fragmentada hasta extremos de muy difícil comprensión y de muy difícil arreglo social y político. Tiempo al tiempo. Un pequeño ejemplo, entre miles de pequeños ejemplos (en un solo mes se han producido noventa y nueve actos de enaltación terrorista) lo tenemos en la agresión sufrida por dos guardias civiles y sus parejas en el bar “KoxKa” de Alsasua.

El Colectivo de Víctimas del terrorismo (COVITE)), el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Unión Federal de la Policía (UFP) ,la Confederación Española de Policía  (CEP), la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC)  y la Asociación Independiente de la Guardia Civil (AIGC)) muy preocupados por la retirada del recurso de inconstitucionalidad, y con una rara unanimidad, han alertado de la gravedad y peligrosas consecuencias que supone la retirada del recurso

La gravedad es doble: por una parte supone reconocer la existencia de un conflicto político,   donde unos patriotas vascos, los gudaris, como tales valientes soldados, no tuvieron otra opción que la de alzarse en armas contra la opresión del Estado Español en la defensa de su identidad amenazada. Es decir, que Santi Potros, por poner un ejemplo, el sanguinario responsable del atentado de “Hipercor” con veintiún muertos y cuarenta y cinco heridos o Josu Ternera, responsable de la banda “Argala” y del atentado a la Casa Cuartel de Zaragoza con once muertos, entre ellos dos niñas y un joven de 17 años, o los responsables de las 856 muertos según COVITE; o Francisco Javier García Gaztelu, alias "Txapote", el asesino de Miguel Ángel Blanco, o los autores de los 2.472 actos terroristas cometidos, tácitamente con esta ley sean reconocidos como patriotas vascos, incluso con derecho a ciertas compensaciones económicas como pago a sus miserables asesinatos. Por otra, todos aquellos que hayan participado en la lucha contra el terrorismo etarra, por gracia de Pedro Sánchez y por su enfermiza obsesión de acceder al poder al precio que fuere, se convierten nuevamente en blancos indefensos del odio de estos repugnantes sujetos, porque para mayor escarnio el articulo 7º a) de la ley reconoce el derecho de los terroristas “a que se conozcan –públicamente los hechos contrastados de lo sucedido”

Daniel Portero, presidente de “Dignidad y Justicia”, pone de relieve la incongruencia que supone que el recurso de Rajoy fuese firmado por un abogado del Estado y que otro abogado del mismo Estado firme lo contrario, la retirada del mismo recurso y COVITE en términos muy duros advierte a Pedro Sánchez que con su decisión se convertirá en cómplice de la falsa teoría del conflicto existente entre dos naciones (España y País Vasco).

Una ley de Navarra similar a la del Gobierno Vasco ha sido declarada inconstitucional por nuestro Alto Tribunal. Esperemos que suceda lo mismo con la nefasta ley que comentamos. Pero el mal ya está hecho. Este ambicioso Pedro Sánchez en su obcecada pasión por el poder, el mismo abandono y desidia demuestra con esos más de dos millones de patriotas catalanes que, paradójicamente, se sienten más españoles que él.