La Audiencia Nacional está investigando la presunta responsabilidad de María Soledad Iparraguirre, Miguel Albisu, Miguel Antza y José Javier Arizcuren Ruiz, en el secuestro y asesinato de Miguel Angel Blanco, al ser éstos, en aquellos momentos, los jefes del cártel de asesinos, popularmente conocido como la ETA y, en consecuencia, de demostrarse los hechos, serían quienes ordenaron tan monstruosa acción. Pero, ha surgido un problema. Se ha suscitado la posibilidad de que el crimen haya prescrito también para estos individuos. Esto es una cuestión jurídica y como tal se habrá de tratar y resolver, pese a quien pese y caiga quien caiga. Dura lex sed lex.

Pero no es este el problema, el problema es que ha asomado la patita la política y nos encontramos con un cambio de criterio de la Fiscalía, suscitado por la Secretaría Técnica de este organismo, todavía dirigida por quien va a ser designado nuevo Fiscal General del Estado. 

El cambio de criterio es el siguiente: el Fiscal encargado defendía, con sólidos criterios jurídicos, que, para esta gente, no se había producido la prescripción y que, por lo tanto, tenían que proseguir las actuaciones. Pero, ahora, se le ordena al Fiscal que cambie de criterio y que sostenga la tesis de la prescripción, lo que supondría el fin de las actuaciones y la imposibilidad de establecer la presunta responsabilidad en este asunto de Iparraguirre, Albisu, Antza y Arizcuren.

Bien, estos cambios de criterio son legales y, en otras circunstancias, no deberían suscitar ningún tipo de controversia, más allá de las estrictamente técnico-jurídicas.

Pero, claro, nos encontramos con la colaboración, al menos parlamentaria entre el Gobierno heredero políticos del gobierno asesino del Frente popular y los herederos políticos del antecitado cártel de asesinos. Y esto nos induce a pensar a muchos ciudadanos en la posibilidad de que nos pudiésemos encontrar ante un pago de favores. Insisto en que se trata de una sospecha.

No obstante, yo no lo echaría en saco roto y pido, a quien corresponda, que vaya recopilando ésta, y otras informaciones, con la vista puesta en el futuro, por si llegase el venturoso día en que nuestra Patria estuviese dirigida por gente seria y digna y se pudiese plantear el enjuiciamiento del actual Presidente del Gobierno, y demás colaboradores necesarios, como reos de lesa patria.

Se me puede decir que me estoy saltando el principio de legalidad, proponiendo una aplicación retroactiva del derecho penal. Bien, eso, desde la creación del Tribunal Militar Internacional de Núremberg no es problema, porque, si en virtud de las normas que lo regularon, se pudo aplicar retroactivamente el derecho penal a los delitos de genocidio y de lesa humanidad, no habría inconveniente, en mi modesta opinión, para hacerlo con los delitos de lesa patria, tan terribles, sin duda, como los otros.

Por cierto. El problema de la prescripción del asesinato de Miguel Angel Blanco se solucionaría si la actuación de la ETA se tipificase como genocidio.

Ah, que nadie piense que soy un admirador del Tribunal de Núremberg, pues, para mí, no fue más que una pantomima, un circo, en el que criminales vencedores juzgaron a criminales vencidos. Pero, de aquellos polvos, estos lodos y, si se pueden crear leyes basadas en tales principios, que se apliquen a todos, y no en función de intereses de poder.

Eso, sí, como jurista que soy, someto mi dictamen a superior criterio.