El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, está sufriendo una campaña desproporcionada, inaudita, por sus palabras en defensa de la familia, de la doctrina de la Iglesia. La presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, la ha calificado como “impropia”, defendiendo la libertad de expresión del prelado para defender unos valores, como otros lo hacen al defender los suyos.

El PSPV promovió una reprobación institucional en las Cortes, aunque me parece que no lo ha hecho por iniciativa propia, sino para contentar a sus socios de gobierno, una vez más. La presión puede haber venido de Mónica Oltra, vicepresidenta y consellera de Igualdad, que por la materia que ha tratado el arzobispo puede haber soliviantado a la consellera de Igualdad, mucho más radical que los socialistas. Compromís y Podemos han “cargado” contra Cañizares.

En la reunión de portavoces se requiere unanimidad de los cinco partidos políticos representados en las Cortes, y la postura contraria a la reprobación del PP ha impedido que prospere. Pero no parece que en el tripartito estén satisfechos, y seguirán intentando que el arzobispo sea diana de sus dardos. Probablemente, una táctica para poner los focos en este asunto de los gays y la ideología de género, distrayendo a los ciudadanos de los auténticos problemas que nos aquejan, como son la situación económica y el desempleo.

Si se leen las palabras que ha ido pronunciando el arzobispo, se observa que es la doctrina de la Iglesia. Podrá gustar o no el modo, el enfoque con el que ha ido vertiendo sus declaraciones, pero en el contenido ha recibido miles de adhesiones, tanto de instituciones valencianas como de particulares. El portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, Alexis Marí, calificó las declaraciones de Cañizares como homófonas y misóginas, “que dañan la convivencia pacífica”. Sorprendente: es como si su deseo es que nadie pueda exponer su opinión sobre la familia, o tal vez busca precisamente intimidar y asustar a quienes piensan como el arzobispo.

Cañizares ha hecho un llamamiento a desobedecer las leyes sobre ideología de género. Requiere una reflexión por parte de todos, porque lo legal no coincide con la moral en ocasiones, y se ha de respetar la objeción de conciencia, como sucede en las uniones de gays, en que un concejal puede alegar objeción de conciencia. De lo contrario, estaríamos en una dictadura, que parece que algunos desean.