La pandemia requiere nuestros mayores y mejores esfuerzos, a todos los niveles: sanitario, laboral, económico, educativo y solidario. A la vez, hay que estar pendientes de que nadie aproveche estas anómalas circunstancias para cercenar derechos ni restringir libertades. Mención especial merece la enseñanza, que ha provocado innumerables conflictos en la Comunidad Valenciana por la política dirigida por Vicent Marzà contra la libertad de centro, contra la enseñanza concertada y contra la elección del español: manifestaciones multitudinarias y sentencias judiciales en contra no le detienen. Hay muchas fórmulas de ejercer la dictadura lingüística, las presiones para imponer el valenciano, y ahora es imprescindible estar pendientes a esas maniobras.

La asociación Hablamos Español, que defiende en toda España la libertad educativa allí donde hay lenguas cooficiales y al menos velando para que se cumpla la ley, acaba de denunciar que están llegando numerosas consultas de profesores valencianos por las presiones de los asesores lingüísticos de la Consellería, para que propongan unos porcentajes de asignaturas en valenciano que excedan el mínimo obligatorio. Presiones que no son por escrito, sino verbales, y están teniendo lugar en centros donde la mayoría tiene el español como lengua materna. Hablamos Español alienta a los profesores a que no cedan ante lo que denominan “comisarios lingüísticos”. El qué y el cómo de actitudes tiránicas: que no quede constancia por escrito, pues tiene fácil difusión en medios de comunicación, instancias educativas o, si es el caso, ante los juzgados. Y todo esto sucede mientras sufrimos las restricciones de toda índole con motivo de la epidemia: precisamente por ello, es más cruel ese tipo de presiones, cuando debería predominar un cuidado exquisito de la transparencia.

Hablamos Español recuerda que los Proyectos Lingüísticos de Centro (PLC) han de ser aprobados por los Consejos Escolares antes del 28 de febrero, y su elaboración “está generando malestar y fricciones entre la Comunidad Educativa”. Según parece, profesores y familias de numerosos centros no los aprobarán, para que conste que su PLC es aprobado por la Consellería sin el apoyo de la Comunidad Educativa.

Los docentes valencianos no paran de denunciar las diversas maniobras para imponer el valenciano. Muchas familias están indignadas ante la imposición sistemática, por vía de hechos. Estamos en una tierra que, por historia, sabe de derechos y libertades: falta ver si es más constante la tiranía que se sufre o el afán de libertad.