Resulta difícil respirar en estos momentos. Y no sólo respirar, sino hablar, por la dimensión que alcanza la corrupción política en España. La “Operación Taula”, contra dirigentes del PP en Valencia, asesores, empresarios y arquitectos, se suma a otros casos de corrupción en estos años, que salpica casi por todas partes, con los EREs de Andalucía, la financiación de CiU y la fortuna de los Pujol. Produce asco, náuseas.

Es una tentación evidente considerar la corrupción política como algo inseparable, inevitable, de la política. Unos han accedido expresamente a la política para “forrarse” – dicho por ellos mismos – y otros se han ido subiendo al carro una vez en la política, al comprobar lo fácil que resultaba enriquecerse a costa de los demás, porque si un político roba nos está robando a todos.

Puede que sea de los pocos que, aunque pareciendo utópico, opina que la corrupción política no es inevitable, pese a que la honradez en la arena política no es fácil. Conozco políticos que se vuelcan en su tarea con honradez, que se ganan el sueldo de verdad. Pero esa realidad indudable no me lleva a retirar el calificativo de nauseabundo a lo que estamos viviendo. Mientras la crisis se cebaba con millones de españoles, y se sigue cebando, hay algunos que, cruel y despiadadamente, han prostituido los votos y la confianza ciudadana por dinero.

Algo que hay que subrayar es que la corrupción política no podría darse si no se sumara a la de empresarios u otro tipo de profesionales que se unen a la fiesta del saqueo, como una orgía irrefrenable. No quito culpa a los políticos, sino que afirmo que la epidemia es mayor, y habría que hablar de Consejos de Administración de empresas públicas y privadas que han preferido taparse los ojos y las narices, e incluso participar del festín, pero no saldrán sus nombres en juicios ni investigaciones, porque la putrefacción se ha revestido o los tentáculos son deleznables al lado de las grandes cifras de la corrupción política. Muchos se han beneficiado, pocos son juzgados.

Urge armarse de valor, tanto en los partidos políticos como en la sociedad, para buscar medidas que eviten en lo sucesivo lo que hemos vivido. Nadie se cree que los casos que llegan a los tribunales no fueran conocidos por muchas personas, con años de antelación en muchos casos, en forma de sospechas fundadas o mal olor, pero es más cómodo no complicarse la vida de momento, hasta que explota la bomba. Habrá que limitar mandatos, abrir investigaciones internas a fondo. Todo menos desanimarse.