La Consellería de Educación ha anunciado que suprimirá el concierto de una unidad infantil del colegio Bisbe Pont de Vila-real, y toda la ciudad se opone. Es una de las primeras consecuencias del anuncio que hizo el conseller Marzà, nada más tomar posesión de su cargo, de que “se ha acabado la barra libre para la concertada”. Fue una declaración de guerra en toda regla, y como tal se ha ido movilizando la enseñanza concertada, tal vez pensando que no sería tan agresivo el conseller o que, en todo caso, habría un tiempo para estudiar, dialogar, consensuar y llegar a soluciones razonables.
No predomina el diálogo, ni mucho menos. Un colegio como el Bisbe Pont ha logrado ya en las redes sociales más de 4.000 firmas oponiéndose a la supresión del concierto en esa unidad, que a medio plazo conduciría al cierre del colegio, porque es cerrar el ingreso de alumnos más pequeños. Es un colegio en el que el 30% de los alumnos son de compensatoria y más del 35% del alumnado es de otras nacionalidades. Se inauguró en 1967, en el barrio de Santa Sofía, para dar respuesta a una clara necesidad social y educativa, y su implicación social, plural y gratuita es muy reconocida en Vila-real.
Todos los partidos políticos se han opuesto en la ciudad a la decisión del conseller Marzá, y se han comprometido a salvar ese colegio. Los socialistas insisten en que “no es aún definitiva la decisión”; Pascual Batalla (Bloc) ha dicho que defenderá el colegio “pese a ser concertado”; PP y Ciudadanos insisten en que atenta contra la libertad escolar. Unanimidad política y sentimiento generalizado en la ciudad, por lo que Marzà tendrá que ceder, porque hasta un compañero de coalición en Compromís como es Batalla se lo está pidiendo, porque los ciudadanos se lo harían pagar caro.
Son ya decenas las unidades escolares que en la Comunidad Valenciana van a verse afectadas por la supresión del concierto, muchas de ellas –y es más que sospechoso– de colegios diocesanos como el Bisbe Pont. Compromís lo ha vuelto a recordar: “el que quiera enseñanza privada que se la pague”: no lo comparto, pues la educación es un servicio público que se puede prestar de modos diversos, y la concertada sale más barata que la pública, además de preferirla decenas de miles de familias. Es compatible la enseñanza pública y la concertada, si no hay afán de monopolio educativo, de totalitarismo. La concertada es una opción, no un privilegio. Marzà opta por el totalitarismo, en vez de por la calidad, libertad y ahorro: hay guerra.
Javier Arnal Agustí es Licenciado en Derecho y periodista.
Escribe, también, en su web personal.