Todo el esperpento de dolor y tragedia que estamos viviendo en España por la ley del “solo sí es sí” merecerá un análisis más adelante. Ahora Pedro Sánchez se ha dado cuenta de que es un desastre monumental y cambiará lo imprescindible para que no continúe sin parar la lista de agresores sexuales que ven rebajada la pena merced a esa ley chapucera e injustificada.
Es una fotografía real de la incompetencia y crueldad de quienes nos gobiernan: no cabe un calificativo más suave.
En primer lugar recordemos que esa ley no es de Irene Montero, la ministra de Igualdad, sino del PSOE, Unidas Podemos, Esquerra, Ciudadanos, PNV, Bildu, Más País, Compromís y Junts, que votaron a favor hace unos meses. Si hay que hablar de grados de responsabilidad, el más culpable es el PSOE, con Pedro Sánchez a la cabeza.
Una cuestión tan importante como el tratado en esa ley requiere que se estudie con detenimiento por parte de todos los partidos. ¿Se la leyeron todos los que votaron que sí, o se confirma que es un juego en que se ordena votar a favor y no hay ni un mínimo de análisis con asesores o diputados? Deleznable lo que ha sucedido y no es precisamente porque estén mal pagados los diputados.
Ya sabemos que muchas veces los diputados y senadores no se leen a fondo lo que votan a favor o en contra, pero es que en este caso es de manicomio lo que está sucediendo. Todos callados, y venablos contra Irene Montero, y ahora el PSOE hablando de responsabilidad para poner remedio.
Analicemos otra opción. Si se considera que la mayor culpable de esta ley es Irene Montero –nadie entre los ocho partidos que votaron a favor se atreverá a decir que es Pedro Sánchez, pues quedan todavía meses de legislatura–, y siguiendo con el razonamiento de que se aprobó una barbaridad, aunque se quiera matizar con lo de “efectos indeseados”, lo coherente sería que la ministra dimitiera o que Pedro Sánchez le cesara. Ya ha quedado claro que eso no va a suceder, pues la prioridad es salvar la coalición de gobierno, y de eso ya se encargó de decirlo expresamente Pablo Iglesias.
Irene Montero ha culpado a los jueces de no aplicar bien la ley. Asombroso, una vez más. Se le acusó de “soberbia” a la ministra por su empecinamiento, y su respuesta ha sido que soberbia es criticar lo que ella promueve o dice. Nada es lógico: toda una suma de cabezas locas, con alta dosis de sectarismo y de aferrarse al cargo y al sueldo.
Una posible salida para la ministra hubiera sido que ella promoviera una reforma de la ley. Ni hablar. Le sonaría a debilidad.
Más de 400 agresores sexuales se han beneficiado. ¿Y todas las organizaciones feministas calladas? Me refiero especialmente a esos feminismos que ven de entrada culpable siempre al varón, incluso antes de conocer los hechos, por el mero hecho de ser varón, y no digamos si hay una palabra acusatoria de una mujer, sin aportar pruebas.
El silencio del feminismo, ante esta pifia de ley o ante el encubrimiento de Mónica Oltra a su “ex” por abusos a una menor tutelada, es digno de estudio. Un feminismo vendido y callado cuando los errores graves proceden de quienes se proclaman feministas… y otorgan subvenciones a organizaciones feministas: ¡otra vez a colación el dinero!
Un amigo me comenta que este bochornoso asunto no va a tener coste electoral para el PSOE, que lo único que lo tiene es lo económico. Es una pena, pero algo de razón me parece que tiene, aunque yo discrepo: no sé si le quitará votos, pero desde luego será un lastre recordado por muchos. Confío en que no tenga razón este amigo.
El propio Sánchez se ha dado cuenta del precio electoral que puede tener y por eso se ha lanzado en solitario a reformarla: seguro que sus socios de gobierno, que sacan lo que quieren de él, no se opondrán.
Por desgracia, parece un relato imposible. La solución real está en las urnas.
Javier Arnal Agustí es Licenciado en Derecho y periodista.
Escribe, también, en su web personal.