Hay leyes que, en España, están condenadas a tener una vida azarosa y breve, al albur de los vaivenes políticos y los cambios de gobierno. Tal es el caso de las leyes de educación, las laborales, las electorales etc.

Existen unas que además de breves están condenadas a tener siempre muy mala reputación y se ven denigradas desde su nacimiento. Tal es el caso de las leyes de orden público que conocen rápidamente un sobrenombre poco halagador como fue el caso de la “Ley de patada en la puerta” que produjo Corcuera durante el gobierno de González o la “Ley mordaza” ideada por Fernández Díaz bajo el mandato de Rajoy.

No confundir las leyes de orden público o de seguridad ciudadana con otra que también anda cociéndose en estos días, la Ley de seguridad nacional que contempla cuestiones de tanta envergadura como la lucha contra el terrorismo, el control de pandemias, la defensa del espacio aéreo, marítimo y del ultra-espacio, el control energético, el cambio climático entre otros sectores estratégicos de gran alcance. Cuestiones todas ellas que conllevan una orientación política del país que la alianza social-comunista de nuestro actual gobierno no garantiza en absoluto.

Pero lo que está mas en cuestión en estos días, lo que ha motivado la manifestación sin precedentes de 40 organizaciones policiales de España, incluidas la Guardia Civil y la Policía Nacional y Local es el proyecto de sustitución de la despectivamente llamada Ley Mordaza por una nueva ley que, de seguir adelante, habrá que ir buscándole mote y me permito proponer el de “Ley de defensa del delincuente”.

Vaya por delante que a uno le parecían correctas –como también se lo parecían al Tribunal Constitucional- cualquiera de las leyes anteriores que estuvieran orientadas a defender y reforzar la seguridad del ciudadano aunque para ello tuviera que apretar las tuercas al delincuente ya fuera aumentando la cuantía de las multas (que iban desde 100€ a 600.000€), prohibiera las manifestaciones ante el Congreso y el Senado cuando se encontraban en sesión, favorecieran la devolución en caliente de los inmigrantes ilegales, prohibiera fotografiar a los agentes del orden cuando se encontraban en acción, prohibiera el consumo de drogas o del botellón en la vía pública u obstaculizara la interrupción del desahucio.

Como igualmente encontraba oportuno irrumpir en conciliábulos sospechosos sin autorización judicial, o la colocación de cámaras de control en lugares públicos donde podían darse actividades peligrosas.

El gobierno actual se propone, por el contrario, poner en funcionamiento una serie de medidas que en lugar de proteger al ciudadano y facilitar la acción policial, defiende al presunto delincuente dejando en total inoperancia a quien tiene la obligación de protegernos.

De forma que si esta ley entra en vigor, vamos a presenciar los siguientes dislates:

-No será necesario advertir de antemano la celebración de una manifestación con lo que las fuerzas del orden serán incapaces de aplicar medidas preventivas.

-El gentío podrá filmar o fotografiar a la policia en acción. Sin embargo ésta no podrá tomar imágenes de los manifestantes.

-Se limitará el uso de material antidisturbios, entre otros, las pelotas de goma e igualmente, el cacheo de sospechosos.

-El testimonio policial deberá ser valorado por los jueces, con lo que tal testimonio puede resultar irrelevante.

-Las detenciones se harán por una duración máxima de dos horas, debiendo devolver al detenido al lugar del arresto en una tarea propia de taxistas.

-Se reducirá drásticamente la cuantía de las multas que se acoplarán a las posibilidades económicas del sancionado.

No debe sorprendernos que, a la luz de tanto disparate, los agentes del orden hayan expresado su malestar y los ciudadanos les hayamos apoyado como también lo han hecho todos los lideres políticos de centro-derecha, no implicados en esta absurda ley que esperemos tenga una muy corta vida.

Pero el Presidente del Gobierno y el Ministro del Interior, parecen no darse por enterados.

Imagen: rankia.com