La Sentencia del Tribunal Constitucional, de 31 de octubre de 2001, admitió la constitucionalidad del ejercicio, por parte de los militares, del derecho de asociación profesional.

En su virtud, el 27 de julio de 2011 se promulgó la Ley Orgánica 9/2011, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Por cierto, resulta bastante curioso que, en una ley que tanto afecta a la vida de los Ejércitos, se antepongan los derechos a los deberes.

Entre los derechos, se recogen el de desarrollo de su carrera militar, combinando preparación y experiencia, y el de formación y perfeccionamiento.

En otro lugar de esta Ley, concretamente en el artículo 33, se establece que las asociaciones de militares, tienen como finalidad la promoción y defensa de los intereses profesionales, económicos y sociales de sus asociados. Y, en el punto tres de ese mismo artículo, se dice que las asociaciones profesionales deberán respetar el principio de neutralidad política y sindical y que tampoco podrán tener vinculación con organizaciones políticas o sindicales, realizar con ellas pronunciamientos públicos ni participar en sus reuniones y manifestaciones.

Llama la atención que, hasta la fecha, no se había oído a estas asociaciones pronunciarse sobre temas profesionales importantísimos, atinentes a la carrera profesional, como, por ejemplo, la supresión de la Escala Legionaria, la reforma de la enseñanza militar, la masacre hecha con la Escala Básica y con la Especial, etc.

Sin embargo, saltan a la palestra cuando, al socaire de la campaña de mentiras y manipulaciones históricas, orquestada contra la egregia figura del Generalísimo Franco, se ciscan en el principio de neutralidad política y exigen la expulsión de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, de los militares que no comulguen con los principios democráticos, olvidándose de las exigencias, establecidas legalmente, para acceder a esa Orden. Olvidándose, al mismo tiempo, de la libertad de expresión de quienes no piensan como ellos, así como del deber de mantener la neutralidad política y sindical.

A mí me da la impresión, que esto es un aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid (cuna de la Caballería Española), para establecer un torpe concubinato entre alguna asociación profesional de militares y organizaciones de izquierda y sindicatos democrático-verticales, para iniciar el camino hacia la sindicalización de estas asociaciones.

Y, esa sindicalización, va a suponer un serio y premeditado intento de llevar la lucha de clases al seno de los cuarteles, con la consiguiente división, y hasta enemistad, entre tropa y mandos.

Soy consciente de que esto puede parecer una apreciación exagerada, pero existen antecedentes históricos, como, por ejemplo, el de los sóviets de soldados en Rusia o, éste más cercano en el tiempo y en el espacio, el de los asesinatos de los Jefes y Oficiales de la Armada Española, en julio de 1936. Acción coordinada, desde el Centro de Comunicaciones de la Armada de la Ciudad Lineal, por el Oficial de 3ª del Cuerpo Auxiliar  de Radiotelegrafistas, Benjamín Balboa López, masón para más señas. Por cierto, fue remunerado con el nombramiento de Subsecretario de Marina y Aire, el 22 de agosto de 1936. En este caso, Moscú si pagó a traidores.

Creo que el asunto es grave y, desde aquí insto a los correspondientes Servicios, para que investiguen los hechos, con la finalidad de erradicar lo que, en principio, se podría asimilar a unas incipientes células cancerosas.

Desgraciadamente, la situación actual comienza a parecerse, de forma muy preocupante, a la de los años 30.