En la actual epidemia por coronavirus llama la atención la falta de rapidez de las autoridades estatales, autonómicas y municipales para atender mejor a las personas más vulnerables, personas mayores que viven solas, dependientes o con discapacidades. 

El mejor servicio social, sin lugar a dudas, es el de las familias estables. Siempre he defendido que son el mejor apoyo para las personas vulnerables. En segundo lugar, entidades -como Cáritas, que es la que más labor social hace en España– de voluntariado y vecinos o/y voluntarios que ayudan a esas personas, habitualmente y mucho más en estos días. 

En el tercer escalón de eficacia en servicios sociales, para mí en tercer lugar, están las administraciones estatales, autonómicas y municipales. Sé que esta afirmación molesta siempre a quienes propugnan que los servicios sociales públicos sean los primeros, les molesta incluso la labor de Cáritas –por ser de la Iglesia Católica-, pero ahora la situación les brinda una ocasión de oro: ¡que lo demuestren con medidas inmediatas, a la altura de la crisis sanitaria que sufrimos! 

He leído algunas medidas de comunidades autónomas y ayuntamientos, y sinceramente algunas me han enervado, al comprobar unos planteamientos burocráticos y alejados de la realidad. Por ejemplo, llamar por teléfono a las personas que no pueden ir a los centros de día, porque ya sabemos todos que están cerrados. 

Espero que Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno y de Asuntos Sociales, haga algo de entidad, aunque sólo sea reunir por videoconferencia a los consejeros de Asuntos Sociales de las comunidades autónomas, y establecer unas pocas medidas que sean eficaces, no floreros ni palabras huecas o demagógicas, por desgracia tan frecuentes en Iglesias. 

¡Que gobierne de verdad, que pise la realidad, y que no se escude en que las comunidades autónomas tienen muchas competencias en servicios sociales, al igual que los ayuntamientos! 

A ver, Pablo Iglesias: los trabajadores sociales saben muy bien quiénes viven solos, quiénes se han quedado sin centro de día, quiénes están esperando ingresar en una residencia pública desde hace meses y engrosan una vergonzosa lista de espera, que debería sacarles los colores a muchos gobernantes. Esta sí que es una cuestión social de verdad, la primera. 

Se está evidenciando la lentitud e ineficacia del Gobierno para resolver con urgencia necesidades sociales. En ministerios, consejerías, diputaciones y ayuntamientos hay cientos de miles de empleados y funcionarios, de los que decenas de miles ahora están cruzados de brazos. 

Para atender a personas sin hogar, Pablo Iglesias ha recurrido al Ejército, institución que le repele. Que reflexione: su estatalismo y populismo no aportan soluciones en caso de dificultad grave. 

De los 1.000 empleados que tiene el ayuntamiento de ciudad media española, podría crearse una Bolsa de voluntarios para atender en domicilios a personas que viven solas, dependientes, estando unas horas, de acuerdo con Servicios Sociales, en vez de mirar el ordenador, pensar en actividades culturales ¿para septiembre? o sestear. O incluso obligarles, cambiando el contenido de su trabajo, precisamente porque estamos en una emergencia… y los empleados públicos deben ser los primeros en asumir en su trabajo otras tareas profesionalmente durante estas semanas. 

Tanto estamos alabando la solidaridad de los españoles en las actuales circunstancias, de los estudiantes en vacaciones que se ofrecen a mayores y enfermos, que olvidamos los cientos de miles de empleados y funcionarios públicos –a quienes pagamos entre todos– que no están ahora movilizados en servicios sociales, y están sentados en una mesa sin apenas trabajo mientras sufren cientos de miles de familias de dependientes, mayores y enfermos.