Los años de Ximo Puig al frente de la Generalitat Valenciana (2015-2023) estuvieron marcados por el intento de imponer el valenciano –en realidad el catalán– a todos los niveles, especialmente en la enseñanza.

Para esa política pancatalanista del tripartito de izquierdas, Compromís enarboló la bandera, e impuso como conseller de Educación a Vicent Marzà, un joven maestro defensor a ultranza del pancatalanismo y los imaginarios Países Catalanes.

Fueron ocho años de frecuentes y numerosas manifestaciones en contra de esa política lingüística, plasmada en la Ley de Plurilingüismo, rechazada en la calle y en los tribunales. Sin embargo, con tretas y manipulaciones, la imposición continuaba.

Probablemente, este adoctrinamiento e intento de imposición fue una de las causas principales de que el Botànic perdiera el gobierno en 2023. Carlos Mazón, en la campaña electoral de las autonómicas de ese año, puso énfasis en que garantizaría la libertad en la enseñanza, dando opciones a las familias para elegir el castellano o el valenciano como lengua principal.

Con la Ley de libertad educativa, ahora ha llegado el momento de que las familias elijan castellano o valenciano. Del 25 de febrero al 4 de marzo pueden elegir las familias de centros de Educación Infantil y Primaria, y los tres primeros cursos de ESO. La lengua base del centro se decidirá en función de los porcentajes de votos establecidos en la Ley de libertad educativa.

La deriva pancatalanista causó estragos y tensión continua en la sociedad valenciana. Muchos se preguntaban el inusitado interés por imponer el valenciano, en realidad el catalán, y fueron comprobando cómo se deformaba en los libros de texto la historia, por supuesto preconizando unos inexistentes Países Catalanes, mapas tergiversados y una cultura que se calificaba “catalana” cuando eran manifestaciones culturales valencianas. 

Para muchas familias el clima se fue haciendo insoportable, ante decisiones que no tenían en cuenta la enseñanza de calidad y las necesidades de los alumnos, sino el adoctrinamiento político. 

He conocido familias que se fueron a otras comunidades autónomas –por ejemplo, a la cercana Murcia– para que sus hijos estudiasen en castellano, previendo sus futuros estudios universitarios y para asegurar mejor su futuro profesional

Ha llegado el momento clave de que las familias elijan lengua vehicular. Han de votar, han de elegir ahora el castellano o el valenciano, pues es lo que pidieron en esas manifestaciones multitudinarias contra Puig y Marzà, con decenas de miles de asistentes, y sería ilógico el absentismo o amilanarse por presiones y falsedades pancatalanistas, que las hay estos días en diversos centros educativos y, especialmente, en redes sociales.

La mayoría de los 5,5 millones de habitantes de la Comunidad Valenciana habla castellano. En la provincia de Alicante –2 millones de habitantes- el valenciano es casi inexistente, y en Valencia y Castellón hay comarcas castellanoparlantes. 

En el último informe PISA (diciembre de 2023), las comunidades autónomas con lengua cooficial e imposición lingüística en Educación mostraron una calificación por debajo de la media de España. 

Defendiendo la elección del castellano, se argumenta que, con 600 millones de hablantes en todo el mundo, la lengua española es de alto valor en traducción, producción editorial, producción cinematográfica y producción musical.

Así mismo, se destaca que la enseñanza universitaria internacional ofrece gran espacio destacado a nuestra lengua y la proporción de sitios web relevantes en español supera al alemán o al francés. Los aprendices de español, principalmente de Estados Unidos, Brasil y la UE, crecen a ritmos superiores al 2 % anual. El porcentaje de votantes hispanos en Estados Unidos se ha duplicado en dos décadas y ya alcanza el 15 %.

El actual conseller de Educación, José Antonio Rovira, garantiza el acceso a la función pública a los que tengan una enseñanza en castellano, y que no se llegue a barbaridades como en Baleares o Cataluña de exigir el catalán antes que los conocimientos médicos.

Llama la atención estos días, o al menos a mí, el tono de los abanderados de la imposición del valenciano en sus ataques a este proceso a favor de la libertad.

El sábado pasado se manifestaron unos cientos de personas (STEPV, CCOO, Famílies pel Valencià) en Castellón, Valencia y Alicante, afirmando que el alumnado quiere enseñanza en valenciano, que el valenciano es un “modelo de éxito”, y que la Consellería ha creado un problema donde no existía. No piensan lo mismo los jóvenes que van a trabajar fuera ni las familias. 

La idiosincrasia valenciana, nada partidaria de enfrentamientos y conflictos, así como el gran número de inmigrantes en tierras valencianas, se ha manifestado reiteradamente a favor del castellano. Ahora toca votar.