Cuando me enteré de la propuesta de Junts de sancionar a las empresas fugadas de Cataluña, no sabía si era un temor, era cierto o una inocentada. La inocentada que nos hace Pedro Sánchez es permanente, diaria, gracias a los que le votaron en julio pasado, que sabían muy bien de lo que es y sería capaz, como la realidad nos demuestra, de pactar con independentistas, filoetarras, comunistas y lo que haga falta.

En la Comunidad Valenciana tenemos la suerte de contar con empresarios de mucha talla, con peso nacional e internacional. Es el caso del naviero y presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) Vicente Boluda, y del presidente de Mercadona, Juan Roig. Vienen demostrando un liderazgo sin matices y, cuando expresan posturas de ámbito general, suelen dar en la diana.

Vicente Boluda se ha mostrado totalmente contrario a sancionar a las empresas que huyeron de Cataluña -¿huyeron o defendieron simplemente los legítimos intereses de propietarios y accionistas, ante las barbaridades independentistas?-, destacando que “las empresas son empresas, no son ni catalanas, ni valencianas, ni madrileñas, ni gallegas: que tengan su domicilio aquí o que tengan en el otro lado depende de ellas”. En pocas palabras resumió el derecho de las empresas, por encima de sectarismos y chantajes políticos. Boluda tiene gran sintonía con María José Catalá y con Carlos Mazón, que están logrando otra realidad en Valencia y en la Comunidad Valenciana, de libertad.

También Boluda fue claro respecto a los posibles incentivos a empresas, de modo que, cuando se pide incentivos para las que vuelvan a Cataluña, que los incentivos deben ser “para todos y en todos lados”, para competir en igualdad. Sentido común, sentido empresarial, en defensa de la libertad frente al totalitarismo nacionalista. No se quedó corta Eva Blasco, la presidenta de CEV Valencia, considerando esa hipotética sanción como “ilegal” y que entra en el terreno de lo absurdo. Por su parte, Carlos Mazón anunció que presentaría un recurso de inconstitucionalidad si salen adelante esas sanciones por no regresar a tierras catalanas.

El 18 de febrero son las elecciones en Galicia. Andan en juego 75 diputados. El auge del nacionalista BNG, socio de gobierno de Pedro Sánchez, puede dar un buen susto a Alfonso Rueda. Isabel Díaz Ayuso ha ido a apoyar a Rueda y ha sintetizado la amenaza del nacionalismo, que “no es amor a su tierra, sino un negocio, odio al ajeno”, y contrario a la libertad. Galicia, otra cita con la libertad, no es un verso suelto en España.