Más de 6.000 discapacitados valencianos no han cobrado su sueldo en todo el año 2017, y más de 200 todavía no han recibido lo que en justicia les corresponde por su trabajo en 2016. Están, lógicamente, más que indignados contra el Consell, porque su sueldo lo abonó el Gobierno central a finales de 2016. Se ha sabido casi coincidiendo con el Día Internacional de los Discapacitados, celebrado el pasado 3 de diciembre.

Trabajan en unas 130 empresas que tienen un cupo de personas discapacitadas para trabajar, y para ello reciben fondos del Estado. ¿Cómo es posible tamaña injusticia, no sólo apelando a la solidaridad, sino a la estricta justicia? ¿Cómo es posible que todavía el Consell no haya explicado qué ha pasado con ese dinero, destinado o no a otros fines, sin destinarlos a lo que esas personas se merecen por su trabajo, por su dignidad, por ellos y sus familias?

Las dificultades financieras y económicas del Consell son más que conocidas, pero no sirve de justificación, salvo que alguien me haga ver lo contrario, lo cual veo más que difícil y complejo. No es de recibo, el Consell les ha hurtado durante mucho tiempo algo a lo que tienen derecho.

Se dice, con razón, que la fuerza de las cadenas se mide por su eslabón más débil. Pues, a la vista de este caso, la cadena del derecho, de la justicia y de la solidaridad es muy débil en nuestra Comunidad Valenciana. Impresentable.

Esas personas discapacitadas tienen limitaciones laborales reconocidad, por nacimiento o por accidentes. No pueden trabajar en todo tipo de tareas, pertenecen por tanto a un sector de la población que pueden aportar mucho –y aportan– al resto de la sociedad, como la legislación reconoce, y los fondos asignados se han hecho llegar. Ya sabemos que en este país no dimite prácticamente nadie, pero debería haber alguna dimisión, o algunas. Seguro que los cargos políticos han recibido su sueldo, puntualmente: podrían haberse retrasado ellos el sueldo un año, y pagar puntualmente a los discapacitados. Esa solidaridad institucional nos la creeríamos más, lejos de declaraciones solemnes y búsqueda continua de titulares y fotos junto a los discapacitados.

Son un colectivo vulnerable por sus limitaciones físicas o psíquicas. Vulnerable no debe ser sinónimo de maltratados, sino todo lo contrario. Se tarda un año en reconocer la discapacidad, y luego se incurre en esta injusticia. Oltra debe actuar.