El ejercicio de criticar los constantes desafueros del legislativo y la obstaculización de la necesaria separación de poderes al acumularse todos ellos en manos del Ejecutivo, pueden volverse reiterativos y por consiguientes estériles.
No sé cuántas veces he repetido desde este diario la vergüenza que produce ver la actuación de nuestros representantes en el Congreso de los Diputados. Y también cuántas he denunciado el riesgo de acabar con el concepto de democracia tal como fue acuñado por Montesquieu en su obra "El espíritu de las leyes" allá por 1748.
La semana pasada hemos oído en el Congreso gravísimas acusaciones como la de considerar que tras el golpe con tricornios del 23-F, ahora la derecha iba a dar un golpe de togas forzando la decisión del Tribunal Constitucional y doblegando la voluntad del pueblo expresada en el Parlamento.
No debe asombrarnos que la Cámara Baja supure semejantes ideas dada su actual configuración dominada por esa formación Frankenstein que seguirá mandando hasta que unas nuevas elecciones consigan desplazarla y sustituirla por otra mayoría que se muestre más respetuosa con la Constitución.
Esa es la razón por la que Núñez Feijóo repita machaconamente la necesidad de que se convoquen nuevas elecciones que permitan al país pronunciarse a favor o en contra de todas las decisiones instaladas últimamente por decretos ley del Gobierno: los indultos, la lenidad ante delitos de secesión y malversación, la ley Trans, el caos creado en el Magreb incluida la matanza de Melilla y un largo etcétera.
Feijóo no es nada ingenuo y sabe perfectamente que Sánchez en modo alguno oirá su llamada a convocar elecciones. Muy al contrario, olfateando los resultados de las encuestas, agotará la legislatura hasta el último segundo.
Pero la llamada de Feijóo es ya un anticipo de que quien quiere oír la voz del pueblo es porque intuye que va a ganar. Y ya sabemos, incluso Tezanos lo sabe mejor que nadie, que las expectativas son capaces de crear un estado de opinión favorable.
Ayer el Tribunal Constitucional se reunió para decidir si es legítimo que el Legislativo -la Cortes- juzguen por mayoría absoluta la configuración del Tribunal Constitucional y del CGPJ, o si debe mantenerse una mayoría reforzada de 3/5, como manda la Constitución. El TC, por 6 votos contra 5, pidió a las Cortes que corrija el procedimiento y vuelva a presentar sus enmiendas de forma constitucionalmente correcta. Ni más ni menos. Para eso fue creado el TC, para vigilar que las restantes instituciones actúan conforme a las normas constitucionales.
Por el momento todo ha acabado conforme a la ley. Hubiera sido preferible que el TC no hubiera escenificado su división política y que sus 11 miembros hubieran podido votar independientemente. Ello lleva a pensar que el problema se ha aplazado pero no se ha resuelto y que Sánchez volverá a la carga hasta que se salga con la suya de moldear las instituciones judiciales a su medida.
Una vez más se ha escenificado el propósito gubernamental de quebrar la separación de poderes. Que el Gobierno domine el Ejecutivo es normal, aunque para ello haya tenido que proceder a un pacto de insomnio.
Dominar el Legislativo ya es menos normal. Nuestros Gobiernos siempre han buscado alcanzar mayorías parlamentarias pero lo habían hecho pactando con partidos constitucionales. Actualmente, al aliarse con facciones claramente separatistas y filo terroristas ha mostrado su clara intención de dominar el Legislativo de forma anómala.
Pero, por último, está habiendo un claro asalto al poder Judicial. Todo empezó con la ocupación de la Fiscalía General del Estado que ya se da por hecho. Recuerden la entrevista a Sánchez "¿De quién depende la Fiscalía General?. Del Gobierno. Pues eso". Pero si el Ejecutivo, a través de la mitad del Legislativo se hace con el TC, con el CGPJ y nombra a los jueces, acaba con la independencia del poder Judicial.
Los principios básicos de una democracia tal como la entendemos desde hace siglos, habrían sido sustituidos por Dictaduras más o menos encubiertas tras los partidos y los parlamentos. Algo que ya se viene haciendo en algunos regímenes bolivarianos que tanto admira UP. Y ZP.
Jorge Fuentes Monzonís-Vilallonga es Master en Ciencias Políticas y Económicas y Derecho.
Diploma de Altos Estudios Internacionales. Embajador de España en Bulgaria en 1993.
Primer Embajador de España en Macedonia en 1995.
Embajador de España en Bruselas WEU en 1997, entre otros cargos.