La vivienda, tener una vivienda, es una cuestión capital en cualquier país del mundo. Y lo es también en España como lo reconoce nuestra Constitución tanto en el artículo 18-2 (inviolabilidad del domicilio), como en el 47 (derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada).

Todo ello es muy hermoso pero lo cierto es que estos artículos, como algunos otros de nuestra Carta Magna contienen declaraciones de intenciones antes que mandatos que se cumplan al pie de la letra.

Muchas familias de España carecen de vivienda; muchos jóvenes no disponen de recursos suficientes para emanciparse y establecerse por su cuenta en su propio piso. Nuestros jóvenes son los que se independizan más tarde de toda Europa. Ante tales situaciones, los poderes públicos se han venido mostrando incapaces de encontrar solución y de hecho, se muestran inertes ante la fórmula que muchos miles de españoles vienen poniendo en práctica: la ocupación ilegal de pisos ajenos ya sea en situación de vacantes o aprovechando la ausencia de sus inquilinos o propietarios.

La indiferencia del gobierno ante tal situación está convirtiendo nuestro pais en un territorio sin ley en que se mira a otro lado cuando un compatriota se ve privado de su morada o del único medio de subsistencia que posee gracias a su alquiler.

En los países de nuestro entorno -Francia, Alemania, Reino Unido- la policía resuelve la cuestión, sin necesidad de intervención judicial, en cuestión de horas. En los países en que sí se exige acción judicial, ésta resuelve el problema en escasos días. En España la sentencia llega a producirse en años y aun ella no es garantía de que se realice la desocupación de la vivienda.

Lo cierto es que las cerca de cien mil viviendas ocupadas están siendo toleradas como un mal menor para el sistema. Imaginemos el caos que se produciría  si, de la noche a la mañana, esas cien mil familias se vieran en la calle complicando aun más el panorama social del país.

Ello no justifica en modo alguno la okupación que es un claro y delictivo método de usurpación de la propiedad ajena. Es como si los poderes públicos, en aras de la paz social, toleraran el robo masivo de carteras ajenas.

Ahora, en vísperas electorales y con claras intenciones de reclamo de votos, el gobierno promete día sí y día también la construcción de viviendas públicas en cifras crecientes que ya alcanzan las 180.000. Incluso si se suman las promesas efectuadas a escala autonómica, alcanzarían las 400.000 viviendas. No es la primera vez que oímos estas promesas preelectorales, nunca cumplidas. Tampoco será la última.

Acaba de aprobarse una pomposa Ley de la Vivienda. Es muy probable que dicha ley, al fragilizar la posición del propietario, rebajará la oferta de viviendas, aumentará los precios de los alquileres y consiguientemente incrementará la ya escandalosa cifra de okupas. Todo ello sin que la Ley se haya podido poner en práctica construyendo ni un solo apartamento, cuyos terrenos ni siquiera, están identificados a día de hoy.

Pero ello poco importará al actual gobierno que habrá sacado pecho ante el público confiando en que esa Ley, sumada a las otras muchas decretadas en los últimos años, serán capaces de ganar los votos de algunos miles de inocentes, bienintencionados o -lo que es peor- mal informados.

Ya tenemos una ley más que rectificar en el futuro.