Anteayer fue un día aciago para la historia de la democracia española. La comisión de Justicia del Congreso de los Diputados aprobó la impresentable ley de amnistía, esa misma que hace escasos meses era considerada como plenamente inconstitucional tanto por el presidente del gobierno como por su equipo al completo.

¿Qué ha ocurrido en España para que en pocos meses llegáramos a esta situación insólita? Algo muy sencillo: las elecciones de 23 de Julio dejaron al PSOE debilitado y vencido por el PP pero capaz de gobernar siempre que estuviera dispuesto a pactar con todas las fuerzas residuales comunistas, separatistas y filoterroristas tanto de derechas como de izquierdas.

Aun así, después del recuento apareció que un partido nada "progresista", con un liderazgo buscado por la justicia contaba con siete votos indispensables para que Sánchez siguiera en la Moncloa. Comenzaron las negociaciones con Puigdemont que cada vez se volvían más exigentes y en que hubo que incluir entre lo amnistiado  no ya solo a los sediciosos y a los malversadores de fondos públicos sino también a los que participaron en actos de terrorismo durante el tsunami capitaneado por el fugado de Waterloo e incluso de los culpables de alta traición por los acuerdos pactados con Putin que apoyaría los esfuerzos separatistas catalanes a cambio de la concesión de una base naval en algún punto de la autonomía.

Si la Ley llegara a recorrer todo su camino y fuera finalmente aprobada en el pleno de las Cortes, Puigdemont y los restantes fugados estarían de vuelta en España con todos los honores y dispuestos a participar en las próximas elecciones autonómicas.

Sería vergonzoso que así ocurriera y no es probable que la Ley pueda incluir el hacer borrón y cuenta nueva de delitos de la gravedad de la malversación, el terrorismo y la traición. Aunque probablemente los negociadores siempre podrían recurrir a argucias como la de modificar la calificación de los delitos, de forma que el terrorismo podría convertirse en desorden público y la malversación en errores contables. Está por ver, sin embargo, cómo la Ley es capaz de superar los controles parlamentarios, constitucionales y de la justicia europea.

No es en modo alguno aceptable que un partido -en este caso el PSOE- pueda alcanzar el poder pactando con formaciones que tienen por objetivo quebrar la unidad del país.

Tampoco es aceptable que los pactos gubernamentales incluyan concesiones que rompen el principio de igualdad entre las personas y las regiones del país. No es admisible que una autonomía separatista sea premiada con privilegios que las regiones respetuosas con la unidad nacional no poseen.

Resulta indecente premiar a los golpistas y lo es todavía más encubrir las virtudes de la amnistía asegurándonos que gracias a ella se va a reforzar la convivencia y la paz en la autonomía que cometió los delitos y en todo el país. Es bien sabido que la intención de Junts y ERC es "volverlo a hacer". No hay ningún propósito de enmienda y por consiguiente la amnistía no tendría ningún beneficio más que asegurar a Pedro Sánchez algún tiempo más en su poltrona.