Los padres valencianos no están dispuestos a permitir la imposición del valenciano en perjuicio del castellano que pretende el Gobierno valenciano con el controvertido “decreto Marzá”.

Pese a que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha suspendido tres veces el decreto plurilingüe valenciano aprobado este año, entendiendo que se discrimina el castellano, a día de hoy – y faltan 18 días para que empiece el curso escolar en tierras valencianas, el próximo 11 de septiembre – la Consellería de Educación sigue sin dar instrucciones para dar cumplimiento a la decisión judicial y que los centros educativos apliquen el decreto de 2012, que garantiza la libre elección del castellano o del valenciano en el sistema educativo.

La Consellería opta por los hechos consumados y desoye a los tribunales. Marzà, de Compromís, sigue pensando que la sociedad es débil, pero padres, sindicatos y asociaciones de todo tipo están demostrando que no piensan ceder en lo que es un derecho amparado por la Constitución: no van a permitir la imposición del valenciano, con el “chantaje” – así lo califican – de premiar con una titulación elevada en inglés sólo a quienes optan por el valenciano.

Ni las multitudinarias manifestaciones en Valencia y Alicante – y en otras ciudades – en contra del plan del conseller Vicent Marzà, ni los nueve recursos contenciosos que se han presentado contra ese polémico decreto, ni la suspensión cautelar que ha decidido la máxima autoridad judicial valenciana parecen detener los planes del conseller.

Pero la oposición a ese decreto, sobre todo por parte de los padres, es mayor de la que se esperaba el Gobierno valenciano. No va a ser un inicio de curso académico pacífico, pues a estas alturas los padres no saben ni qué libros comprar.

El Foro por el Derecho a Elegir Lengua Vehicular baraja proponer a los padres que no acudan a los colegios. Si el Gobierno valenciano sigue optando por hechos consumados pese a los tribunales, los padres están dispuestos a ejercer sus derechos hasta el final, en una guerra educativa que están librando contra una Consellería que no se está caracterizando ni por el diálogo ni por el respeto al Derecho.

Integran el Foro por el Derecho a Elegir Lengua Vehicular padres de la concertada (CONCAPA), padres de la pública (COVAPA, que incluye FAPAs de Alicante, Castellón y Valencia) y la asociación alicantina Idiomas y Educación, entidades que desde el comienzo se han opuesto frontalmente a los planes lingüísticos del tripartito, liderados por la vicepresidenta Mónica Oltra y que puso a un joven maestro radical al frente de una Consellería tan decisiva como es la de Educación.

La táctica del “rodillo” lingüístico es prioritaria para Compromís, pasando por encima de leyes y derechos de los padres. El ejemplo que siguen es Cataluña: un “valenciano” que en realidad es “catalán”, para ideologizar la historia y cultura, encaminándolas hacia unos inexistentes Països Catalans, pero que se presentan como la panacea, cuando en realidad es un invento de laboratorio sectario.

Oltra ha expresado que le preocupan los reveses judiciales, pero nada hace para acatar la Justicia. Más que la Justicia son los padres quienes preocupan a Oltra, porque no preveía tantas movilizaciones y con tanta constancia, en esta “guerra educativa” que ella inició, y que puede suponer un elevado coste electoral a Compromís en las elecciones de 2019.

La suavidad en las formas de la vicepresidenta ha ido escondiendo su fondo dictatorial. El conseller Marzà no tiene la habilidad política de su “madrina”, pero sí su sectarismo, pues sectarismo es gobernar sin escuchar a los ciudadanos y hacer oídos sordos ante las decisiones judiciales. No cabe otro calificativo.

Ante tales muestras de sectarismo, los padres ni se arrugan ni se callan: les ampara el Derecho y defienden su libertad. Tienen todas las papeletas para ganar la guerra educativa.