Imaginen que en un país, cualquier país del mundo, existen unos eficaces servicios de inteligencia. Unos servicios encargados de detectar y neutralizar cualquier amenaza en el mundo que pudiera poner en riesgo la seguridad y soberanía de ese país.

Unos servicios organizados también para detectar cualquier riesgo que pudiera brotar dentro del país  que atentara contra su unidad e integridad, contra su Constitución, sus Instituciones o su seguridad.

La obligación de esos servicios de inteligencia sería abortar esos riesgos intentando penetrar en las redes que los pondrían en funcionamiento procurando disolverlos y conjurar los peligros.

El President de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, acaba de presentar ante los Tribunales de Justicia, una denuncia contra el Gobierno  de la nación por haber movilizado a sus servicios de inteligencia para espiar las actividades del Govern.

¿No les parece ingenuo? ¿Qué esperaba el señor President después de que en Cataluña se diera un auténtico golpe de Estado y que sus responsables aseguraran antes y después de ser juzgados  por rebelión -aunque la sentencia quedara reducida a sedición- que “lo volveremos a hacer”?

¿Sería lógico y razonable que los servicios de inteligencia de España, como los de cualquier país del mundo que se preciara, se desentendieran de tal problema? No lo sería, en modo alguno.

No sería lógico que los miles de agentes del CNI, siguieran ocupándose de los peligros que nos acechan en el Norte de África, en Oriente Medio, en los Balcanes, en Rusia, China, en Venezuela, Cuba, Nicaragua o Perú, en todos los rincones del mundo y de nuestro propio país pero que hicieran oídos sordos a los únicos golpistas en ciernes que tenemos en España para permitirles actuar a sus anchas.

No sería razonable. Nuestros servicios de inteligencia, uno de los mejores, más eficientes y numerosos del mundo, que ha contado con dirigentes tan preparados como Alonso Manglano, Jorge Dezcallar o Sanz Roldán, en modo alguno podrían actuar a la ligera, sin respetar los protocolos judiciales que legalizaran sus actuaciones, en especial si éstas iban a ser tan delicadas  como investigar las posibles actividades desestabilizadoras de los separatistas/independentistas catalanes.

Marlaska ha asegurado que el CNI no ha adquirido el programa Pegasus, ideado por Israel para interceptar whatsapps y otras comunicaciones telefónicas y que ha sido vendido a doce países y que nuestro Centro ha actuado siempre dentro de la ley. Por una vez y sin que sirva de precedente, hay que creer a nuestro Ministro del Interior.

Aragonés se ha puesto campanudo y ha afirmado que no es a excluir que este asunto haga caer al Gobierno Central. No lo creo. Hay muchas razones por las que el Gobierno podría y se merecería caer pero el caso Pegasus no es una de ellas. Y ello por la sencilla razón de que al propio Govern no hay Gobierno Central que más convenga a los intereses separatistas que el del Pedro Sánchez. Cualquiera que venga después de él se lo pondrá mucho más difícil a los proyectos separatistas de Aragonès o de quienquiera que esté ahí.