El presidente de la patronal de las residencias valencianas (AERTE), José María Toro, ha criticado que, pese a la mejoría sanitaria, la Consellería de Igualdad obligue a tener bloqueadas el 5% de las plazas de las residencias de mayores. Con esta medida, más de 1.500 mayores se quedan sin poder vivir en una residencia.

AERTE ha sido muy clara: parece que la Consellería quisiera “intervenir” el sector de una manera encubierta, aprovechando el marco jurídico de la pandemia, que ahora se ha relajado muchísimo en la Comunidad Valenciana, pero no en las residencias. 

Aumentan la lista de espera, las familias angustiadas por la atención que requieren sus mayores, ¡y sin ayuda económica mientras les conceden plaza en una residencia, que esto es muy injusto y desconocido, clama al cielo! Un ímprobo esfuerzo humano y económico de miles de familias, que tal vez reciban algo de dinero tras ingresar el familiar en una residencia o cuando ya haya fallecido, mientras se ofrecen cursos para cuidar a mayores y se habla sin parar del ‘síndrome del cuidador’. El sufrimiento es cruel e inhumano, conocido por todos e ignorado en la práctica por la Consellería. 

Oltra está mostrando unas deficiencias graves: promete residencias públicas en diversas ciudades y no da ni un paso en 6 años; no escucha al sector, a la patronal privada que lleva la mayor parte de las residencias; la transparencia ha brillado por su ausencia, en la pandemia y ahora ¿cuántas personas están en lista de espera?; ha nacionalizado plazas en las residencias privadas, haciéndose con ellas e impidiendo que se puedan cumplir sus estatutos de que vivan algunos internos al margen de las adquiridas por la Consellería. El término “nacionalizar” no es mío, sino de personas que han promovido, gestionado y siguen en la brecha para, sin remuneración alguna y dejándose la piel, ayudar en diversas residencias privadas a personas mayores que necesitan una residencia. Y encima la Consellería paga tarde. Oltra piensa en las elecciones 2023.

Nules, Castellón, Onda… saben y sufren lo que apenas esbozo. Hay 44 residencias en la provincia de Castellón –3.900 plazas-; 8 de ellas en la capital, de las que 3 son públicas: 2 de ellas de gestión privada, por cierto con gran prestigio, que plantean la disyuntiva de si es mejor o no la gestión o/y propiedad privadas, aunque para Oltra no hay discusión teórica: defiende unos servicios públicos en esta materia, pero como es incapaz en la práctica los nacionaliza o los interviene, y de paso se ahorra bastante en salarios y gestión, ya que sabe muy bien que el sector privado gestiona mejor.