Una vez finalizada la realización de la importantísima manifestación del día ocho de marzo, el gobierno decide reconocer la crisis y empieza a tomar las medidas por todos conocidas, declaración del estado de alarma incluido.

Conviene recordar que la propia Ley 36/2015 establece que los instrumentos de gestión de crisis servirán de apoyo en los estados de alarma y de excepción, con objeto de tener presente que la declaración del estado de alarma no invalida las medidas desarrolladas con motivo de aquella, sino que el estado de alarma las adopta e incrementa o modifica si fuese necesario.

Ante una situación de crisis como la que nos ocupa parece razonable activar un proceso de decisiones permanentes para manejar todos los recursos del estado que sean necesarios, adaptándose a los cambios de la situación para lograr su máxima rentabilidad. Dicho proceso debería contemplar distintos niveles de dirección y/o de ejecución para lograr que el proceso de decisiones se realice de forma ordenada y coherente.

Nos encontramos con que el gobierno, de acuerdo con la legislación, comunica que asume la dirección o mando único de la gestión de la crisis y nombra un equipo de dirección formado por varios ministros liderados por el de sanidad. Las medidas que se adoptan como la incautación de determinado material o los intentos de compra en mercados desconocidos para el ministerio de sanidad puesto que hace muchos años que no se dedica a ese menester, etc., con la intención de repartir dichos medios según las necesidades de cada centro, hospital o Comunidad Autónoma (CA.) fracasan estrepitosamente, además de por lo inoperante del procedimiento llevado a cabo, por el desconocimiento de la realidad de los centros en todo el territorio.

Parece que la idea ha sido intentar dirigir desde el nivel político nacional todas las acciones de apoyo a los hospitales y demás centros sanitarios directamente. Por otro lado, las CA.s, con sus competencias transferidas no aceptan de buen grado lo que consideran una injerencia. Algunas tratan de obtener rédito político de la situación, otras se manifiestan abiertamente en contra de la acción del gobierno. Todas parecen optar por tomar medidas de manera independiente y descoordinada, con mayor o menor éxito en su gestión.

Cualquiera que haya tenido la responsabilidad de algún nivel de dirección en sus actividades sabe que no se puede ejercer la dirección si no se ha realizado un planeamiento previo, se tiene un plan de acción desarrollado y sobre todo una estructura dependiente de él que asegure la ejecución de las acciones ordenadas y que permita la coordinación y el control de las mismas.

Dicha estructura debe permitir un estudio continuo de la situación para verificar en cualquier momento la validez del plan, la determinación de las acciones que se han de llevar a cabo cuando la situación evolucione de forma distinta a la prevista y la emisión de las instrucciones necesarias para reconducir las actividades.

¿Se podría contar con escalones intermedios para facilitar la acción de la dirección en la gestión de la crisis?. El Estado de las Autonomías nos lo pone fácil. Cada una de ellas cuenta con una estructura sanitaria en funcionamiento permanente en íntimo contacto con la realidad. Igualmente disponen de una estructura política y de gobierno que puede asumir la organización de las tareas multisectoriales que pudieran ser necesarias para el apoyo de las acciones sanitarias.

En definitiva, las autoridades sanitarias de las CA,s. pondrían el énfasis en la preparación y sostenimiento de las acciones emanadas de la dirección nacional que deben llevarse a cabo, apoyadas por sus respectivos gobiernos en lo que fuese necesario. La dirección de este nivel sería, por lo tanto, de naturaleza conjunta gozando de una amplia libertad de actuación y autoridad, tanto sobre la organización sanitaria bajo su dirección como sobre la estructura territorial en la que se desenvuelva. El fin último es decidir qué se va a hacer y en qué condiciones se va a realizar.

La dirección nacional de la gestión de la crisis no ha tenido en cuenta esta posibilidad, posiblemente porque nunca ha estado prevista, nunca se ha ensayado y, habiendo tenido tiempo, no se ha efectuado la coordinación con las CA,s. con anterioridad a la declaración del estado de alarma.

Finalmente nos encontramos con el último escalón de la gestión de esta crisis. Lo constituyen quienes se van a enfrentar directamente al problema, quienes desarrollan las acciones que directamente atienden a la población enferma: directores de hospital, personal sanitario en general, empresas, transportes, FCSE, etc. Los responsables a este nivel organizan los medios, motivan al personal y coordinan e integran las funciones y actividades a realizar. Se ocupan de que se ejecuten los procedimientos y se apliquen los medios según está establecido. Todo lo demás debe serles puesto a su disposición sin que ellos deban preocuparse de otra cosa.

Reflexionando sobre lo expuesto podemos resumir la gestión de la crisis de la siguiente manera:

No hay indicios de que existiera con antelación ningún planeamiento que hubiera permitido ajustar el funcionamiento de todo el sistema de gestión necesario para enfrentar una crisis por pandemia a nivel nacional.

Se ha constituido una dirección, apoyada por un equipo técnico responsable de la realización de protocolos de actuación y planes de preparación y respuesta concretos, lo que se conoce como El Plan nacional genérico de preparación y respuesta, sin que aparentemente se hayan ejecutado.

La dirección no ha intentado coordinar las actuaciones con el resto de autoridades del Estado, lo que habría incrementado la eficacia del sistema. Ignora la máxima que en estos casos parece funcionar más adecuadamente: “Centralizar la dirección y descentralizar la ejecución”. Además renuncia al ejercicio de la autoridad que le ha sido conferida en los casos en que otras autoridades subordinadas se han opuesto abiertamente a algunas de las decisiones tomadas.

Las CA,s actúan sin coordinación entre ellas y sin coordinación con la dirección nacional, intentando superar la crisis en su territorio de la mejor manera posible.

La actuación impecable de los componentes del último escalón del sistema, mencionado más arriba, que merece el agradecimiento y respeto de la sociedad por su dedicación y entrega que en muchos casos podemos calificar de heroica. Ni ellos se merecen la dirección que tienen en escalones superiores ni la sociedad nos los merecemos por haber consentido que se encuentren en la situación en que están.

Finalmente cabe incidir en la importancia de no contar con la propia estructura del estado autonómico para enfrentarse a una crisis de estas características. Por poner un ejemplo, la dirección, además de los objetivos e instrucciones generales ordenadas, puede asignar el objetivo de obtención de mascarillas a la Comunidad Autónoma en la que puedan ser producidas. Dicha Comunidad Autónoma dispone de su estructura sanitaria coordinada con la estructura política de la misma, que tendrá formado a su vez un equipo multisectorial que podría dar cumplimiento a la instrucción recibida. Lo mismo se podría decidir respecto a la obtención de cualquier otro recurso necesario con posibilidad de fabricación nacional.

Al no contar con esta estructura, la lucha contra la crisis se convierte en un conjunto de acciones inconexas y el desgaste relativo de los componentes del último escalón constituirá la única medida del éxito o del fracaso y el precio pagado por ello. Es justo lo que estamos viviendo.

El no haber mantenido una planificación adecuada, el no haber tomado las decisiones en tiempo, el no saber o querer organizar una estructura eficaz para la gestión de la crisis y el no atreverse a apartar, si es necesario, a quienes quieran obtener rédito político de la misma, fuese quien fuese, ha conducido a la situación que vemos en hospitales y otros centros a lo largo de nuestra geografía.

Parece ser que de haber funcionado un sistema coordinado a nivel nacional y haberse tomado las decisiones en tiempo, la infección hubiera llegado al mismo número de población, pero lo hubiera hecho de manera más lenta, sin colapsar el sistema sanitario. El personal sanitario principalmente hubiera sufrido menos contagios y lo fundamental, es muy probable que se hubieran sufrido menos fallecimientos.

Todo ello sólo deja un camino honorable a seguir a los responsables políticos y tal vez técnicos del desastre organizativo que estamos viviendo, camino que no tomarán porque la honorabilidad no es un valor al alza en muchos de ellos.