Ya se sabe que los últimos días de julio se reservan para que el Gobierno decida cuestiones polémicas e, incluso, antidemocráticas. Es lo que ha hecho el Ministerio de Sanidad cesando a los miembros del Comité del Comité de Bioética de España, el órgano colegiado independiente y de carácter consultivo, que asesora sobre materias relacionadas con las implicaciones éticas y sociales de la Biomedicina y Ciencias de la Salud.
En su día, el Gobierno no solicitó el asesoramiento bioético del Comité durante la tramitación parlamentaria de la Ley de la Eutanasia. Sin embargo, tengo entendido que este Comité sí hizo unas valoraciones y las dio a conocer: denunciaba las numerosas dificultades bioéticas que presentaba, entre las que menciona que, además de suponer un atentado contra la vida y la dignidad de los pacientes, la objeción de conciencia de los facultativos implicados no quedaba garantizada, abriéndose numerosas lagunas que podrían complicar el que los médicos y otros sanitarios implicados puedan ejercer su legítimo derecho a plantear la objeción de conciencia para la práctica de la eutanasia y el suicidio asistido que se deriva del artículo 16 de la Constitución Española referido a la libertad religiosa e ideológica.
Este informe contó con la unanimidad de sus miembros a excepción del voto particular emitido por la vocal Leonor Ruiz en el caso de la objeción de conciencia, que precisamente es la única que se mantiene del anterior Comité. ¡Qué casualidad, todo el Comité cesado salvo Leonor Ruiz!
Esta Ley de Eutanasia genera gran preocupación e inquietud, por injusta, precipitada, sectaria. Ha obviado no solo la opinión de los profesionales implicados sino también la del propio Comité de Bioética de España, al que ni tan siquiera solicitó informe consultivo. Tal como ha subrayado el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia, ante esta “limpieza” del Comité de Bioética de España, “las razones por las que se ha procedido de tal manera no son científicas ni rigurosas en ningún caso, sino meramente ideológicas”, y “un ejemplo lamentable de proceder totalitario, acientífico y no plural”, a la vez que ha demandado los cuidados paliativos de calidad: la eutanasia, en efecto, es una solución más barata y, sin duda, más indigna. Esto sí que es una cuestión importante, muy importante, que el Gobierno siempre lleva a escondidas, y no el infantilismo de que Pedro Sánchez se quite la corbata.
Javier Arnal Agustí es Licenciado en Derecho y periodista.
Escribe, también, en su web personal.