Desde que Pedro Sánchez ha apuntado a jueces y periodistas, casi achacándoles cuanto se publica sobre el posible  tráfico de influencias de su mujer, Begoña Gómez, parece que no gana para disgustos. 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada por el novio de Isabel Díaz Ayuso contra la fiscal jefe de Madrid y el fiscal de delitos económicos por revelación de secretos.

El Tribunal Supremo ha anulado el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, y no es la primera vez que el Supremo decide contra Dolores Delgado, ni que tenga tirria a operaciones diseñadas por Pedro Sánchez para intentar hacerse con el poder judicial.

Pedro Sánchez lo tiene muy decidido: jueces y medios de comunicación le impiden hacer lo que le viene en gana, y por tanto quiere controlarlos. No pretendo desanimarle en esa innoble tarea, sino simplemente confirmarle que no lo va a lograr, que es una batalla perdida, porque jueces y periodistas valoramos nuestro trabajo, intentamos vivir una ética profesional –que Pedro Sánchez no tiene como político– y la legislación estatal e internacional nos ampara. 

La independencia judicial y la libertad de expresión de los periodistas es lo que más temen los dictadores de cualquier signo.

Los jueces no van a parar, por lo que cualquier maniobra del Gobierno para asustar se vuelve en su contra, ya que sus maniobras son un auténtico revulsivo para que los jueces ejerzan su función si cabe con mayor celeridad e independencia.

Aunque en ocasiones tengamos la sensación de vivir en un país bananero, la justicia en España funciona bien, aunque ni ellos ni nadie tiene la etiqueta de la perfección.

La justicia que tenemos es ciega, aplica el Derecho, no las veleidades políticas. Un paso más que tendría que darse es que, en la composición de los órganos judiciales, fueran los propios jueces los que eligieran. Garantizar que apliquen el Derecho, sin entrar a que es un “juez de derechas” o “juez de izquierdas”.

Ha habido algunos casos que muestran a las claras que hay dilaciones injustificables: por ejemplo, el recurso del PP contra la ley del aborto, presentado ante el Tribunal Constitucional en 2010, y ¡resuelto trece años después! ¿Causa de semejante dilación judicial? Se sabe lo que se sabe, y se intuye lo que se intuye: lamentable.

Es bueno preguntarse qué percepción tiene la sociedad sobre los jueces y su tarea en España. Fuera de lo que opinemos periodistas, jueces o políticos ¿qué piensan los ciudadanos sobre los jueces?

Es evidente que la lentitud y tardanza de las actuaciones judiciales exaspera a todos, y desde luego una justicia lenta es una justicia injusta. Hay que agilizar las causas, y en ello también coinciden los propios jueces, apelando de modo recurrente a la falta de medios.

 Sí y no sirve aludir a los medios: un juzgado con gran atasco recibe a un nuevo juez y, en tres meses, pone al día el juzgado, como ha ocurrido en un caso que conozco.

 Hay talentos medios y excepcionales, pero la tardanza que se percibe excesiva por parte de los ciudadanos también requeriría multas o sanciones, y que hubiera transparencia informativa. Los servidores públicos –y un juez lo es– han de someterse a evaluaciones, baremos y posibles sanciones por demora.

También existe una impresión-opinión de que, con altos cargos o “famosos”, la justicia a veces entra en trapicheos y apaños, inconcebibles con un ciudadano normal. Es una crítica real, si se quiere de café, pero existe. ¿Por la exposición mediática, por los mayores recursos económicos de famosos y altos cargos?  

Tengo confianza en los jueces, y los intentos de Pedro Sánchez de someterlos y asustarlos reforzarán incluso su deseo de hacer mejor su trabajo. Con independencia, con profesionalidad. También sabiendo que no son perfectos, y que en esas críticas ciudadanas hay algo que cada juez ha de valorar y asumir su responsabilidad.