El decreto plurilingüe educativo es una auténtica “bomba”, pero una “bomba de racimo”, que ya está teniendo múltiples daños, pese a que percibo que la mayoría no lo coincide en esa apreciación, o no lo manifiesta. Las protestas de Valencia y Alicante, con 2.000 y 4.000 manifestantes, no reflejan el malestar generalizado.

Los centros públicos y concertados han pedido el módulo que desean, sin consultar a los padres. Semejante atraco no ha tenido una respuesta proporcional, ante un decreto que se publica el 6 de febrero y obliga a los centros a hacer su propuesta antes del 15 de marzo. Sólo han intervenido la dirección y los Consejos Escolares, pero no han podido expresarse todos los padres ante una cuestión tan importante como elegir la lengua vehicular –castellano o valenciano– y con la discriminación tan evidente de sólo conceder a los que eligen valenciano un nivel alto de inglés. En bastantes casos la Consellería de Educación ha adjudicado el módulo, y ahora están en trámite las no pocas reclamaciones. Había miedo a escuchar a los padres. Marzà se ha salido con la suya, por el momento, y basta repasar cómo han quedado los centros escolares de la provincia de Alicante o de zonas totalmente castellano-parlantes de Castellón y Valencia. No refleja la realidad sino la imposición, revestida de plurilingüismo.

Un efecto directo es que muchos padres están decididos o se están planteando cambiar a sus hijos de centro escolar, porque no quieren el valenciano. Están en su derecho. Piensan que el castellano abre más puertas profesionales que el valenciano, lo cual no parece descabellado, y en definitiva es una elección. Por supuesto que todos dan mucha importancia al inglés, pero no imponiendo el valenciano. Y están dispuestos a que sus hijos vayan a centros privados no concertados: Marzà les ha empujado hacia la privada. Pero no todos podrán hacerlo por razones económicas.

Los abogados de la Generalitat Valenciana ya formularon sus objeciones al proyecto de decreto, por la discriminación evidente que, finalmente, ha triunfado, a la espera de los recursos judiciales de sindicatos, asociaciones y probablemente del propio Gobierno central. La imposición del valenciano, a todos los niveles, ya está suscitando entre algunos profesionales el deseo de trasladarse a otra comunidad autónoma, o llevar a sus hijos a centros escolares –por supuesto a otras universidades fuera de la Comunidad Valenciana-, o descartar venir a trabajar aquí. Una tierra abierta y dialogante –trabajo, segunda residencia, estudios– que se convierte en asfixiante.