Por supuesto en privado y subrayando que no diga su nombre, un líder socialista me comentaba que lo que más le sorprende y le indigna es que la ley Celaá ignora la calidad, que atiende a otras finalidades, y que eso en una ley de enseñanza es dramático, porque es como cavar su tumba, y la de millones de españoles empobrecidos educativamente durante años, si la ley sale adelante y si está en vigor unos cuantos años, que está por ver.

Es un líder socialista muy conocido, pero ahora acomodado por el propio PSOE en un cargo de los denominados “de confianza”, y dice que no se siente con fuerzas para alzar la voz, porque en el partido hay pánico a disentir y certeza de que Pedro Sánchez corta por lo sano la disidencia, ya que para él no es de confianza quien discrepa.

Así es y así actúa el presidente del Gobierno. Otra cosa distinta es la responsabilidad del PSOE -que la tiene- en permitir lo que está permitiendo a este Gobierno, para daño de todos los españoles, y que esperemos no sea muy duradero.

Acallados los líderes socialistas que clamaban contra el acuerdo con Bildu, escuchan a José-María Aznar que llama a Pedro Sánchez “tonto útil”, y son conscientes de que no es el calificativo más acertado, sino el de ambicioso sin principios.

La movilización contra la ley Celaá proviene de muchos sectores, demandando pluralidad, libertad, defender la enseñanza concertada, salvar el castellano, garantizar la calidad. Muchas deficiencias graves, que la Unión Europea también ha señalado.

No estoy seguro de que el Gobierno vaya a ceder en esta nueva ley educativa en prácticamente nada, pero hay que intentarlo. Si puede endosar un 6-0, como hizo la selección española a Alemania el martes pasado, a todos los que están en contra de esta ley y así contenta a los partidos que le dan el gobierno, Pedro Sánchez dará las instrucciones pertinentes a la ministra de Educación, y listo: le importa un comino la calidad.

Calidad en la educación es también sinónimo de no ahogar la enseñanza concertada. Los datos son concluyentes, año tras año, sobre los resultados académicos en los centros concertados, por encima de la enseñanza estatal. Quien argumenta que hay que mejorar la calidad de la enseñanza estatal está en lo cierto, y yo me uno a ese deseo, si se llega al fondo de la cuestión y no se defienden falacias. La calidad no es contraria a la libertad, sino compañera de viaje.

La calidad educativa también va unida a la defensa del castellano, por nuestra historia, cultura y, también, por la extensión mundial del español, que en un mundo globalizado adquiere mayor importancia cultural y profesional.

Lo que ocurre es que arrinconar el castellano no es exclusivo de autonomías gobernadas por socios del PSOE. Ahí tenemos a Feijóo, que pretende que hasta las Matemáticas se impartan en gallego.

Garantizar la calidad en una ley educativa es darse cuenta de que no es momento ahora de embarcarse en una reforma educativa, con sus costes y cambios, cuando estamos inmersos en una gran crisis sanitaria, laboral y económica, que hacen aconsejable no acometer reformas ahora. Pero Rufián y otros pueden más que estos argumentos.

Soy de los que defiendo que, en materia educativa, tendría que haber estabilidad en las leyes, mediante pactos duraderos entre los principales partidos políticos, y no estar cambiando la legislación según gobierne el PSOE o el PP, aunque claramente son los socialistas los más amigos de legislar sobre la educación cuando llegan al poder.

La ley Celaá tiene muchos agujeros. Demasiada prisa, más que sospechosa, porque no se sostiene en pie. Si algo se debe pedir a la educación es que contribuya a mejorar la calidad, no moneda de cambio de cesiones políticas conocidas o inconfesables.

N.R.- Este artículo de opinión fue remitido el pasado día 19