La “marea naranja” ha llenado muchas calles y plazas de España protestando contra la ley Celaá. En otras ciudades, como por ejemplo las tres capitales de la Comunidad Valenciana, no se ha celebrado este pasado domingo, pero la plataforma “Stop Ley Celaá. Más plurales” ha estado y está muy activa, pues el conseller Marzà ha intentado en cinco años hacer de estas tierras amantes de la libertad lo que Celaá pretende: un totalitarismo educativo que anule la enseñanza concertada y el castellano, entre otros objetivos, ninguno que redunde en una mayor calidad educativa, al revés.
Confío en que esta ley se cambie algo en su tramitación en el Senado y su vuelta al Congreso: atentos al PNV. Las protestas son innumerables, porque atenta al derecho a la libertad de educación y se está gestando a toda prisa evitando la consulta o el diálogo, en contra de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Está claro que, si no se para ahora esta nefasta ley, los tribunales la pararán. Y el Gobierno lo sabe, pero puede más el sectarismo y contentar a los socios de gobierno –Podemos, ERC, etc.– que la sensatez, como ocurre con todo estando Pedro Sánchez en la Moncloa.
Son días en que se oyen o leen no pocos disparates. Por ejemplo, que la enseñanza es un servicio público, y que debe estar en manos del Estado sin dar dinero a los colegios, de modo que quien quiera otro tipo de enseñanza que se la pague de su bolsillo. No se sostiene en pie semejante argumento: al que quiera un tipo de enseñanza, que se le obligue con sus impuestos a pagar la estatal y también la que elija para su hijo. Tan servicio público es la enseñanza estatal como la concertada. Tan servicio público es una empresa que gestiona el agua o las basuras en una ciudad como si lo hace el ayuntamiento, y se le paga lógicamente a esa empresa. Sin embargo, no hay que ser ingenuos: subvencionar o subcontratar servicios públicos materiales lo admiten los totalitarios, porque no se adoctrina, pero los dictadores –con envoltorio democrático– quieren moldear a los niños y jóvenes.
¿Más disparates? Que los alumnos de la concertada son de familias ricas: eso sólo puede decirlo quien no sabe de lo que habla, dicho sea con todo respeto. Que ciertos centros concertados dan una formación moral o religiosa católica, y deben ser neutrales: ¿por qué entonces se da esa formación a los musulmanes que lo piden? Que la diferenciada segrega: en absoluto, y los padres que eligen esa educación tienen derecho y la prefieren. Son días de reacción, de respeto a los demás… y de pensar un poco más.
Javier Arnal Agustí es Licenciado en Derecho y periodista.
Escribe, también, en su web personal.