El Ministerio de Sanidad tiene diez días para dar a conocer los nombres del comité de expertos que asesoró al Gobierno en la desescalada por comunidades autónomas en la pandemia. Se lo ha hecho saber el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Esos nombres los pidió un abogado el seis de mayo, al negarse Fernando Simón a hacerlos públicos. El Ministerio puede recurrir esa decisión en los juzgados centrales de lo contencioso-administrativo, y para ello tiene dos meses: espero que no cometa ese error de alargar la lamentable falta de transparencia. El Ministerio alegó “motivos de protección de datos”; el Consejo de Transparencia ha dicho que “prevalece el derecho de acceso a la información pública”.

El derecho a la información es esencial en democracia. Las administraciones públicas se financian con fondos procedentes de los contribuyentes y su tarea, máxime en situaciones de emergencia como es una pandemia, debe estar al servicio de los ciudadanos, informando con total transparencia. En una encuesta iniciada ayer por “El Confidencial Digital”, el 98% de los votantes piensa que sí deben publicarse los nombres del comité de expertos de la gestión de la pandemia.

Algunos han calificado la lucha contra la pandemia como una “guerra”, no se sabe muy bien si como justificación para ciertas decisiones, como mera expresión dialéctica o como un desliz que esconde tintes preocupantes. No es una guerra, sino una pandemia, una enfermedad mundial con graves consecuencias sanitarias, laborales, económicas, educativas y, en definitiva, que afecta a todo tipo de ámbitos humanos. Tal vez quien lo califica como una “guerra” pretende evocar la famosa frase de que la primera víctima de una guerra es siempre la verdad, que suele atribuirse a R. Kipling.

Ha habido –y hay– una notable falta de transparencia en España sobre el Covid-19, no sólo en China. No se puede justificar en que puede generar alarma social o que los responsables de la gestión pueden sentirse presionados ante la opinión pública. Que no argumenten de modo infantil ni sectario. De todos es sabido que esconder información debida a la sociedad es, muchas veces, pretender esconder la verdad, la realidad, maquillando los datos, mareando a los ciudadanos y a los propios periodistas.

Comentaba un alto cargo público que informar para una administración pública es un deber, que además genera confianza en los ciudadanos y sirve para detectar los bulos, el partidismo político o la vanidad que lleva a afirmaciones ligeras. De todo hay.