El caso de los tres alcaldes socialistas vacunados contra el coronavirus ha suscitado un absoluto rechazo, pese a las explicaciones o excusas que los tres han dado. Los alcaldes de El Verger y Els Poblets, en la provincia de Alicante, y de Rabelbunyol, en la provincia de Valencia, han obligado al PSPV a actuar con rapidez ante la reprobación generalizada y el aluvión de críticas: ha abierto un expediente disciplinario y ha suspendido cautelarmente de militancia a los tres. Es un modo de intentar atajar el problema, mientras que desde el PP y Compromís se ha pedido que dimitan, que no es suficiente con que hayan pedido perdón, ni las excusas que han dado.
Ciudadanos ha hablado de que es un abuso de poder. Unos y otros han criticado la falta de solidaridad con las personas más vulnerables, y para más ingredientes el alcalde de Rafelbunyol tiene 29 años y es líder de las Juventudes en Valencia; el alcalde de El Verger, Ximo Coll, y la alcaldesa de Els Poblets, Carolina Vives, son matrimonio.
Todo abunda en una mentalidad ególatra y endogámica, en vez de servir a la sociedad y desempeñar el cargo de alcalde con responsabilidad y sin prebendas, con una mayor sensibilidad en una pandemia como la actual. Un amigo me dice que los mencionados alcaldes han sido “tontos”, con esa desafortunada decisión, alegando que sobraban vacunas. Como si se requiriera un grado elevado de inteligencia para ser alcalde o concejal: sólo se requiere una capacidad normal y desempeñar con honradez y dedicación el cargo, justificando lo que cobran. Pero nunca he tenido del todo claro si hace más daño un tonto, un vago, un aprovechado o un ambicioso. En todo caso, sí tengo claro que tiene que haber mecanismos para que la sociedad se libere de actuaciones como las mencionadas entre los cargos públicos, las impida y castigue.
Estoy seguro de que están arrepentidos, pero no basta. Tienen que dimitir, o el PSPV expulsarles si no lo hacen: mejor dimitir que ser expulsados, desde luego. Pero me planteo ir algo más allá. Como en cualquier institución, prever multas económicas para los cargos públicos que incumplen instrucciones concretas (por ejemplo, listado de personas para ser vacunadas), porque para muchos sólo lo económico actúa como un freno. Por desgracia o por condición humana, lo que afecta al bolsillo se piensa mejor. No es tan complicado prever y aplicar multas, y ya tenemos la experiencia de las de Tráfico. Multas que irían a un fondo de solidaridad municipal: me suena bien. E incluir multas por retraso excesivo en resolver solicitudes o instancias de los vecinos.
Javier Arnal Agustí es Licenciado en Derecho y periodista.
Escribe, también, en su web personal.