Mónica Oltra está a un paso de ser imputada por el Tribunal Superior de Justicia valenciano, tras haberlo solicitado el juez Vicente Ríos y Fiscalía apreciar ahora “indicios relevantes”. Lo tiene muy difícil Oltra, al margen de que políticamente ya debía haber asumido que la Consellería no escuchó a la menor que sufrió abusos sexuales y encubrió al exmarido –en aquellos momentos marido, no se olvide-, y por lo tanto debía haber dimitido. Así lo pide María-José Catalá, la secretaria general del PP de la Comunidad y portavoz en las Cortes Valencianas, por coherencia incluso con todo lo que defendía Oltra antes de estar en el Consell: por coherencia y por evidentes negligencia de la Consellería que dirige, ya tenía que haber dimitido, sin juicio.
Hay lógica respiración contenida en Oltra, en Compromís, en el Consell, ante la posible imputación. Sin embargo, Oltra ha optado en esta decisiva fase por negar que ella estuviera detrás de las investigaciones y actuaciones de la Consellería, cuando expresamente dijo que no se buscaran más responsables, que ya estaba ella. Ahora dice que no. Las argucias de sus abogados entran en juego, conscientes de que un juicio tiene que atenerse a pruebas, no a conclusiones incluso evidentes: si se ven detrás de un matorral unas orejas de burro, todos concluimos que hay un burro, pero en el ámbito judicial hay que “probar” que había o hay un burro. Elemental regla procesal: veremos.
Los abogados de Oltra se han pasado en las alegaciones, porque descalificar a los jueces no suele ser práctico. En un proceso, no hay que juzgar intencionalidades, sino acusar o defender con pruebas. La defensa de Oltra ha dicho que el juez tiene “meras elucubraciones” para imputarle: basta recordar las veces que contó Maite los hechos, la menor que sufrió abusos, a profesionales de la Consellería, y nada se movió hasta que los contó a la Policía. Descalificar a quien ha de juzgar no suele salir bien.
En las alegaciones los abogados expresan que no hay “ningún hecho que sostenga indicios objetivos” para imputar a la consellera, y en repetidas ocasiones aluden a “sospechar”, sesgo político en la denuncia, extralimitación de la Audiencia de Valencia, “juicios de valor”, “juego político”. Lo que es una defensa jurídica parece más bien un manifiesto político y poner en entredicho la tarea judicial, su profesionalidad: según las alegaciones, Oltra es víctima de la incompetencia de los jueces ¡asombroso!, que se prestan a una cacería política. Se equivocan al arremeter contra los jueces, como la consellera de Educación, Raquel Tamarit, cuando dijo que no saben de enseñanza.
Javier Arnal Agustí es Licenciado en Derecho y periodista.
Escribe, también, en su web personal.