Desde hace años vengo apuntando algunos de los males que acosan a nuestro país -paro, centrifuguismo regional, declive del idioma, incultura popular, baja productividad- que explican el estancamiento declinante que presenta España en el panorama mundial.

En paralelo, también insisto en subrayar las virtudes hispanas que, en un balance general nos sitúan entre los países más atractivos del mundo, climatológica, gastronómica y socialmente.

Pero dejando aparte los rasgos positivos y negativos suficientemente conocidos, en estos días es necesario y urgente incidir en dos lacras que están debilitando adicionalmente el armazón nacional.

La primera de ellas es el empeño que el actual gobierno está poniendo en sacar adelante -y probablemente la sacará con los apoyos consabidos- la Ley Trans. Una ley que incide directamente sobre una de las largas siglas -la T- que todas ellas importan y mucho, a la sociedad: LGTBIQ. Esta larga lista viene a dejar el género y el sexo un poco a la carta y al gusto del consumidor. Por si algo faltaba, el añadido de la Q (queer, raro) abre la puerta a cualquier otra modalidad quizá hoy aun no contemplada.

Pero la Ley Trans tal como está prevista, está creando turbulencias sociales gravísimas. Que un niño o niña, un adolescente, pueda escoger el sexo con el que deberá vivir quizá los 80 o 90 años de su vida, una vida en que puede haber multitud de circunstancias que le hagan replantearse su opción, vuelve la existencia ya de por si maravillosamente complicada, en una montaña rusa sin asidero al que anclarse.

Los preparativos escolares implantados para ir creando ambiente, han hecho crecer en un 4000% las peticiones Trans en los últimos meses, estando comprobado que solo un 1% de los solicitantes en su infancia, mantienen su opción después de cumplidos los 16 años.
Para complicar aún más el escenario, la oposición conservadora ya ha anunciado que en cuanto acceda al poder, una de las primeras medidas a tomar será derogar semejante ley, lo que dejará a quienes durante el tiempo de vigencia se hayan acogido a ella en un limbo existencial de vértigo.

Este tipo de "ocurrencias" políticas de alta repercusión social, deben alcanzarse por amplio consenso o mejor aún, no alcanzarse. Ceder el regalo a un triste ministerio de "Igual Da", por seguir aferrado a la poltrona es comprensible dentro del plan general Sánchez pero a muy corto plazo tendrá consecuencias gravísimas para él y para el PSOE.

El segundo gran problema inmediato es la proliferación de okupas a escala nacional y en especial a la catalana, autonomía en la que cuenta con el beneplácito de una ex-okupa, Ada Colau, que ha hecho carrera y ocupa un puesto desde el que puede velar por el bienestar de los nuevos clientes.

Bien es cierto que vivir sin techo es inhumano y viola nuestra Constitución. Pero de ahí a invadir, no solo casas y pisos vacíos para instalarse en ellos, sino en ocasiones, desalojar a sus lícitos propietarios/residentes durante una ausencia, que luego se las ven y desean para recuperar sus viviendas lo que lograrán tras muchos meses o años, es una anomalía que viola el también constitucional derecho a la propiedad, una de las bases de la convivencia pacífica.

Ocupar una vivienda ajena es un robo semejante a ocupar un vehículo ajeno, una cartera ajena o una personalidad ajena. En todos los casos es un robo, aunque no todos los robos se sancionen de igual forma.

Nadie nos ha explicado convincentemente por qué en Alemania, en Francia o en Italia, un okupa es desalojado en 24 o 48 horas y en España, la operación puede llegar a demorase tres años. No es culpa o responsabilidad policial, es un asunto judicial y hay que decir que en este terreno los jueces no se están luciendo.

Mientras esas dos graves anomalías se solventan, aparece una tercera igualmente grave: el delito de rebeldía o sedición va a ver rebajado su castigo. Con ello el gobierno ha contentado a ERC para ver aprobados los Presupuestos del Estado.

Mensaje comprendido: hay que dar facilidades para romper la unidad del Estado.