Las promesas electorales de estos días se van multiplicando, y lo harán más conforme nos acerquemos al 28-M.

A veces, son promesas que parecen una carta a los Reyes Magos, un deseo genérico e inconcreto, utópico, imposible. De todas formas, si los políticos van haciendo esas promesas es porque piensan que atraen votos, que “regalan” los oídos de los electores, que dan la impresión de tener un programa concreto de trabajo de gobierno.

Lo de “trabajo de gobierno” ya no está tan claro. Son promesas, porque a los políticos les pedimos un trabajo más serio, pues cobran para ello, o aspiran a cobrar si salen elegidos. Muchos no saben lo que es un horario de trabajo exigente de 40 horas, o se pierden en reuniones, comités, viajes y actos para hacerse la foto. Ahora van acelerados, porque se juegan el sueldo el 28-M: es una agitación muy pasajera.

En el capítulo de las promesas electorales, basta la ojeada de un día como ayer para ver cómo en una comunidad autónoma prometen un organismo independiente para profesionalizar la gestión de unos fondos públicos de desarrollo -¡”organismo independiente” y “profesionalizar”, no hay que olvidar estos términos-; Ciudadanos propone una oficina municipal que gestione fondos europeos; un partido de izquierdas propone crear una gerencia municipal para impulsar la cultura y un plan estratégico;  otro partido promete crear un centro de salud mental en la ciudad.

Muchas promesas son una retahíla de nuevos organismos públicos, como si no tuviéramos ya en exceso en España. ¿Para cuándo lo de “adelgazar” la Administración?

Otro colmo es comprobar que no pocos servicios públicos se subcontratan, y son empresas privadas las que los gestionan, ¡porque lo hacen mejor y más barato!

En las promesas electorales escasean o simplemente ni aparecen anuncios que busquen mejorar el trabajo de los organismos públicos, racionalizarlos, optimizar el trabajo de funcionarios y empleados públicos, que es algo que prácticamente todos deseamos, pero tarea no sencilla.

¿Por qué? Porque supone hablar de trabajar más o mejor en muchos casos, y eso no atrae votos. Porque los sindicatos controlan la situación, y no quieren que cambie. Porque hay empleados públicos que son familiares de políticos, o amigos, y no les interesa remover la cuestión.

Por supuesto que hay funcionarios ejemplares, que se esmeran en su trabajo, pero son los que echan pestes del ambiente que hay a su alrededor, de lo que ven y sufren por la dejadez de otros. Se asombran de los almuerzos o “media mañana” que duran una eternidad, sin que nadie ponga remedio, o de quienes aprovechan para hacer la compra en horario de trabajo.

En España un 75% aspira a ser funcionario, casualmente la misma cifra que en Estados Unidos aspira a ser emprendedor. La burocracia ha ido aumentando en nuestro país, y no la eficacia, gran misterio. No voy a hablar del colapso en la Seguridad Social, ya muy sufrido y conocido.

A nivel privado, no sé de nadie que justifique la existencia simultánea en la actualidad de Diputaciones Provinciales, Direcciones Territoriales provinciales de cada gobierno autonómico, Delegación provincial de cada Consejería autonómica, Subdelegación del Gobierno, con unos ayuntamientos que han ido aumentando el número de funcionarios y empleados públicos.

En España hay 3,5 millones de empleados públicos, lo que supone un 17,07% de las 20,54 millones de personas ocupadas del país.

Esta cifra no solo incluye a los funcionarios de carrera, sino también al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas -como Fuerzas Armadas o Administración Local y otros efectivos, tales como altos cargos, personal de empresas públicas y trabajadores de la Administración con contratos de duración inferior o fijos discontinuos.

El número de funcionarios en España se sitúa ya en 2.731.117, una cifra histórica de empleo público, y sigue en aumento. Este aumento de la plantilla pública ha servido, en buena parte, para enmascarar el retroceso del empleo privado.

Así se constata en las últimas encuestas de población activa que publica periódicamente el Instituto Nacional de Estadística (INE), que reflejan el imparable crecimiento del número de trabajadores al servicio de las administraciones y en organismos públicos y el deterioro del procedente de las empresas.

Hay un cómodo y engañoso estatalismo en España, que va a más. Curiosamente, hay ataques a la enseñanza concertada ¡en la que un puesto escolar cuesta la mitad que en la enseñanza pública! No predomina en la política el buen servicio, el ahorro y la libertad, sino que el sector público crezca, aglutine casi todo… y tenga estómagos agradecidos, a la vez que se imponen ciertas ideologías. Para pensar también, un poco al menos, en estos días previos al 28-M.