El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado una auditoría general, completa, total, exhaustiva, al sector público valenciano. En pocos meses, está demostrando una rapidez de ejecución y una claridad de ideas que es positiva. En los pasados ocho años de gobierno del Botánico, han aparecido, aflorado o inundado pestilencias en su gestión económica, y no solamente ideológica, o tal vez por su ideología sectaria han gastado mucho y mal. 

Además, como dijo Mónica Oltra en privado, “la gente quiere ser funcionaria, y se lo vamos a dar”. Todo ello, unido a su ideología totalitaria de ahogar al sector privado en casi todo –educación, sanidad, etc.– y ser contrarios a la colaboración público-privada de modo que el ciudadano sea atendido por la Administración en casi todo, por una política pesebrista, puede ayudar a entender lo que ha pasado.

En los últimos cuatro años del Botánico –permitido usar el castellano– se adjudicaron 253.122 contratos por un importe de 713 millones de euros y solamente cuatro empresas de 54 entidades que conforman el sector público valenciano pasan el mínimo control. No son cifras nada desdeñables, pero como hay tal aluvión de información puede pasar algo inadvertido: es muy grave. Ximo Puig, ocho años al frente de algo así.

Miguel Barrachina y José María Llanos presentaron la solicitud de una comisión de investigación en las Cortes. Laura Chulià, portavoz adjunta del PP y política en alza, ha afirmado que Gabriela Bravo debe asumir sus responsabilidades por el despilfarro y descontrol de la SGISE (Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias). Gabriela Bravo siempre contaba con la protección de Ximo Puig, cosas de la vida; Compromís hacía y deshacía en ideología de género y educación mientras Oltra incumplía su promesa de nuevas residencias de mayores; y así un largo etcétera.

Mazón va rápido. Sintoniza con los empresarios por su espíritu emprendedor: les apoya y le apoyan. Sin embargo, también debe saber que lo urgente no debe impedir acometer lo importante. Ha disminuido los altos cargos, pero es atronador que hay demasiados funcionarios y empleados públicos, a la vez que no se optimiza el uso de quirófanos, y los funcionarios siguen atendiendo por las mañanas sin ofrecer servicios por las tardes. Ni un país de funcionarios ni de jubilados: poner cabeza. La tardanza en operar, el escandaloso retraso en tramitar solicitudes de discapacidad o dependencia. Se puede hacer más y mejor: muchas veces no se trata de gastar más, sino gestionar mejor.