Soy de los que piensan que sería muy deseable un gran acuerdo social y política sobre las leyes de educación. Es un área que, lejos de partidismos políticos, debería tener un marco estable, ajeno a los vaivenes, en beneficio de la propia educación, de los gastos de las familias, de los alumnos y de los profesores. El máximo exponente de no desear un acuerdo amplio es el actual Consell, con un Vicent Marzà que ha movilizado a toda la sociedad valenciana, por su empeño en imponer el valenciano, por su afán de reducir todo lo que pueda la enseñanza concertada, por no dialogar.

El resultado es evidente: una gran fractura política y social, una guerra que no hace ningún bien. Por un lado, el tripartito; por otro, PP y Ciudadanos. Por un lado, los gobernantes; por otro, la sociedad civil, que es y debe ser la protagonista de la educación, y que no ha parado de movilizarse contra el decreto plurilingüe y contra la supresión de conciertos, con las manifestaciones multitudinarias de Valencia y Alicante. Es la mayor movilización callejera contra el actual Consell, y sólo ha comenzado.

Tres recursos contra el decreto plurilingüe –Diputación de Alicante, Asociación para la Defensa del Castellano en la Comunidad Valenciana y el sindicato USO– han llevado al Tribunal Superior de Justicia a suspender cautelarmente el penosamente famoso “decreto Marzà”. Pero el Consell está haciendo caso omiso de lo decidido por el Tribunal, en contra de las mínimas normas de un Estado de Derecho. Los recurrentes avisan: denunciarán a los directores de centros que apliquen este decreto, pues está suspendido judicialmente.

Un fenómeno interesante estamos viviendo: el despertar de una sociedad civil, de unas familias, que parecían anestesiadas, dormidas. Marzà lo ha logrado. Y un buen ejemplo es la Asociación Idiomas y Educación, que constituyeron en Alicante un grupo de padres a finales de 2016 al conocer los planes de Marzà: animo a que, sea cual sea la opinión del lector de estas líneas –muchos están confundido, mareados, ante esta “guerra”– se lea los argumentos que se esgrimen en la web de esa asociación.

En la mencionada web han incluido argumentos en contra de la política lingüística de la Consellería: la grave discriminación del castellano –lengua de la mayoría de los ciudadanos en muchos territorios valencianos, no sólo alicantinos, y en algunos de ellos lengua de uso exclusivo-, la discriminación sobre el inglés, la imposición –hablan de “inmersión”- del valenciano, etc. Urge pensar y actuar.