Ultimamente está teniendo lugar un aluvión de declaraciones sobre temas relacionados con la enseñanza (la asignatura de la religión por un lado y “la agresión a la red publica favoreciendo a la iniciativa privada en todos los tramos educativos” por otro).

¿Por parte de quién? Pues por parte de quienes ven frenados sus objetivos estatalizadores iniciados por gobiernos anteriores, que por diversas razones (de tipo financiero, constitucional, etc) no pudieron llevar a cabo de forma tajante, pero si elaborando y aplicando leyes que desbrozaban el camino, cambiaban mentalidades y ampliaban lenta pero inexorablemente el sector estatal y permitían el objetivo de la creación de un sistema escolar público, único y laico.

La OIDEL (Organización Internacional para el Desarrollo de la Libertad de Enseñanza) una ONG creada en 1985 y dedicada a la promoción de las libertades educativas a nivel mundial, lleva años publicando informes sobre la situación actual de la libertad de enseñanza en el mundo, en el que se advierte un creciente aprecio por la libertad de enseñanza sobre todo en los países que han experimentado las consecuencias del monopolio estatal. Se advierte una mayor conciencia de la necesidad de que la sociedad civil participe en la planificación y gestión de la educación, pues la experiencia enseña que cuando el Estado asume el papel de gestor y planificador único, también la calidad de enseñanza se resiente .

En España, basta una sencilla observación de los hechos, para percatarse de la realidad de que algunos centros estatales y privados aventajan en calidad y eficacia a otros, por motivos diversos, pero no faltan investigaciones que han sabido poner de adecuado relieve, que el motivo más fuertemente subrayado como causa (entre otras) de esa superioridad: la existencia, en los centros privados y en algunos públicos, de un proyecto educativo, de unos objetivos educativos claros y sumidos por la colectividad docente. Siempre he pensado que estas investigaciones llevaron al PSOE, para mejorar la enseñanza estatal a elaborar el proyecto de ley de participación, evaluación y gobierno de los centros docentes.

Hay muchas cosas que los ciudadanos debidamente alentados y asistidos, pueden hacer mejor que el aparato estatal, presa fácil de la burocracia y la despersonalización, y la acción educativa es una de ellas.

Por eso es necesario que la enseñanza privada no sea coto reservado a unos pocos ciudadanos, sino abierto a todos a cuantos estén convencidos de que los concretos “proyectos educativos” que ofrece responden más satisfactoriamente a las propias convicciones (religiosas, sociales, pedagógicas, etc). Y esto sólo puede conseguirse, mediante una financiación adecuada, justa e inteligente por parte del Estado. Porque el Estado es administrador, y no propietario, de un dinero que es de todos. Y si es de todos, ha de ser también para todos. Casi resulta doloroso insistir en ideas tan elementales.

Las amenazas a la libertad de enseñanza provienen casi siempre del intervencionismo estatal, de la estatificación. La escuela única es el objetivo. Llámesele como quiera: estatal, pública, pluralista, neutra o laica, gestionada democraticamente, … Eso es lo de menos. Lo decisivo es que se suprime la libertad de los padres, con “un acto de vandalismo educativo”.

Este es –dice Ortega– el mayor peligro que amenaza a la civilización: la estatificación de la vida, la absorción por el Estado de los individuos, las familias, los grupos sociales . Ante la libertad de enseñanza no es ético desentenderse. Por eso urge que todos empleemos menos tiempo en lamentos estériles y más en unirse para defender ese derecho .

El objetivo es claro: conseguir que las leyes, de hecho, garanticen a todos los padres elegir la escuela y el tipo de educación que desean para sus hijos.