La presidenta del PP de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, declaró el sábado pasado que “hará todo lo posible” para que el Gobierno presente recurso de inconstitucionalidad contra la ley valenciana de plurilingüismo (4/18). No es una ley de plurilingüismo, sino de imposición injusta y escandalosa del valenciano, en contra del derecho de los padres a elegir lengua vehicular para la educación de sus hijos, el castellano o el valenciano, ambas cooficiales. La Ley 4/18 recoge la imposición del valenciano del decreto 9/17 y la Ley 3/17, estas dos últimas tumbadas por los tribunales: pero Marzà se está saliendo con la suya, aplicando normas que sabe que luego tumbarán los tribunales. Urge parar esta nueva Ley injusta.

Mucho se juega Bonig: si no recurre el Gobierno, quedará debilitada ante los valencianos, sin capacidad de influencia en su partido. Por el contrario, Bonig puede verse reforzada si lo consigue, lo cual le vendría muy bien para las expectativas electorales del PP en 2019. Pero, si Rajoy “se moja” –que un gallego se moje, cuesta-, también Rajoy puede beneficiarse mucho, pues de verdad tomará cartas en el asunto de la imposición lingüística en la Comunidad Valenciana, y todo un aviso para otras comunidades autónomas: interesa a Rajoy y a Bonig que se presente ese recurso.

La sentencia del 25 de abril del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, anulando la parte sustancial de la Ley de plurilingüismo 3/17, es digna de ser leída íntegramente. La recurrieron la asociación Idiomas y Educación, CONCAPA –padres de la concertada– y COVAPA –padres de la pública-. En la sentencia queda claro que no se ha dejado a los padres optar, que es una aberración del Consell impedir que en un centro haya líneas en castellano y en valenciano, y desmenuza como caso escandaloso lo sucedido en la provincia de Castellón: este curso en ningún centro ¡de 91 centros! se ha aprobado el nivel C –castellano-, porque los padres han sido marginados. Y el inglés queda en los tres niveles con sólo de 0 a 2 horas: ¿recuerdan las mentiras de Marzà sobre el inglés.

No basta esta sentencia. Los padres quieren que se recurra ya la Ley 4/18, -se aplicará en el curso 18/19- que recoge la imposición del valenciano del decreto 9/17 y Ley 3/17, ambas normas tumbadas por la Justicia. Quieren que se presente recurso de inconstitucionalidad, pero ellos no pueden: han de presentarlo 50 diputados o senadores, el Defensor del Pueblo o el presidente del Gobierno. Rajoy lo tiene en bandeja.