Si Rajoy decide recurrir la ley valenciana que impone el valenciano a partir del curso 18/19, ganará credibilidad, firmeza y votos.

En la Comunidad Valenciana se está viviendo una auténtica batalla educativa, que enarbola Compromís, con el apoyo de socialistas y Podemos. A toda costa, quieren imponer el valenciano en la educación, pese a las continuadas protestas de los ciudadanos, recursos judiciales de diversas entidades y varapalos repetidos de la Justicia. Sin embargo, la ley 4/18, de febrero pasado, que incluye de nuevo la imposición del valenciano, no pueden recurrirla ni particulares ni asociaciones: sólo pueden presentar recurso de inconstitucionalidad 50 diputados o senadores, el Defensor del Pueblo o el presidente del Gobierno.

El Gobierno valenciano ha ido aprobando normas, como el decreto 9/17 y el decreto-ley 3/17, este último en vigor durante este curso 17/18, pese a todas las protestas de quienes exigen que se permita elegir a los padres la lengua en que sus hijos reciben la enseñanza, en valenciano o en castellano. El Consell se está saliendo con la suya y la imposición es ya una realidad escandalosa.

Previendo que los tribunales podían tumbar esas normas, el tripartito valenciano aprobó en las Cortes Valencianas la ley 4/18, en febrero pasado, que entrará en vigor si no se pone remedio cuanto antes. Los 50 diputados o senadores tienen de plazo hasta el próximo 22 de mayo; el presidente del Gobierno hasta noviembre.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, del 25 de abril pasado, fue contundente, anulando la parte más importante del decreto-ley: no se ha dejado a los padres elegir lengua vehicular, es falso que “segrega” elegir en un centro líneas en valenciano y otras en castellano. Todo un varapalo judicial, basado en leyes valencianas, estatales y europeas, además de la correspondiente jurisprudencia. Pero ese decreto-ley, que es el que se ha aplicado este curso por la vía de “urgencia”, sólo tiene vigor hasta junio.

La ley que entrará en vigor sigue imponiendo el valenciano: el 25% de la enseñanza en valenciano, el 25% en castellano y el 15% en inglés. En la práctica, el valenciano puede alcanzar un 65%, por falta de profesorado adecuado para inglés, por elección de cada centro educativo –en vez de respetar la voluntad de los padres, como recalcan los tribunales-, y sólo un recurso de inconstitucionalidad puede frenarla.

A Rajoy, como a otros presidentes de Gobierno, se le achaca pasotismo con la imposición lingüística en diversas comunidades autónomas. Ahora, tiene la ocasión de “mojarse” –en un gallego es mucho decir-, acordando que los diputados o senadores del PP presenten el recurso antes del 22 de mayo.

Isabel Bonig, la presidenta del PP de la Comunidad Valenciana, ha dicho que “hará todo lo posible” para que el Gobierno recurra esa ley injusta. Si lo logra, tanto ella como Rajoy pueden recuperar credibilidad y votos en la Comunidad Valenciana, cara a las próximas elecciones autonómicas de 2019, y Rajoy lanzará un mensaje de firmeza de defensa del Derecho y de la libertad de los padres, frente a los desencantados del PP que le achacan inacción.

De paso, Rajoy lograría desgastar al PSOE nacional, poniendo de manifiesto que esta vulneración de derechos ha salido adelante gracias a los votos de los socialistas valencianos, cediendo a los planes de Compromís. Una prueba de que el PSOE dice unas cosas en unas comunidades autónomas y otras en otras, y que desde luego Pedro Sánchez no garantiza unidad de criterio: su enfrentamiento con Ximo Puig es conocido.

Mariano Rajoy estará mañana en Alicante, en un acto del PP organizado tras la recuperación de la alcaldía de la ciudad de Alicante, por las desavenencias del tripartito de izquierdas. El PP quiere “sacar pecho”, tras unas encuestas internas y externas que prevén que el PP valenciano pierda unos cuantos diputados en las elecciones autonómicas: y si el PP valenciano se hunde, Rajoy ya puede pensar en marcharse en 2020, el histórico “granero de votos” para el PP nacional.

Si Rajoy anunciara mañana que se va a presentar el recurso de inconstitucionalidad, habría aplausos en la mayoría de la sociedad valenciana.

El valenciano lo habla un 30% de los 5 millones de habitantes con que cuenta la Comunidad Valenciana. En la provincia de Alicante, con 2 millones de habitantes, un escaso 3,5%. El valenciano no es mayoritario, ni mucho menos, pero el actual tripartito lo tiene como prioridad, aunque sea –como es– en contra de los valencianos, sin respetar el derecho a elegir lengua en la enseñanza.

Compromís está copiando la inmersión lingüística que se ha llevado a cabo en Cataluña durante décadas. Primero, defendiendo la lengua propia; luego, unos imaginarios Países Catalanes; y, por último, un separatismo que enarbolan una parte de los líderes de Compromís, en público o en privado.

Rajoy tiene una oportunidad de oro, se lo han puesto en bandeja.